Macri, más complicado: amplían la imputación en la causa del Correo
El fiscal federal Juan Pedro Zoni amplió la acusación e involucró a directivos de la firma Socma y Simeco, empresas de los Macri, a los síndicos que intervinieron en el concurso y a la jueza del fuero Comercial que tenía el concurso de la compañía.
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Para el fiscal, "lo relatado obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante. O sea, el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A".
El fiscal pidió "una investigación más profunda sobre el patrimonio de la concursada y sobre lo sucedido en cuanto a la canalización y colocación de dinero en empresas de su mismo grupo económico", según el dictamen.
"Corresponde además profundizar la investigación en cuanto a la canalización de las sumas dinerarias sustraídas del concurso mediante las cuales Correo Argentino S.A. invirtió en su controladora", explicó.
Zoni pone énfasis en investigar el "manejo patrimonial de la concursada no sólo a efectos de desinsacular posibles responsabilidades de los funcionarios participantes sino también para determinar las titularidades y relaciones societarias que permitirán descartar o confirmar las incompatibilidades".
Para el fiscal se debe analizar "el accionar displicente con que los funcionarios intervinientes permitieron que se siga dilatando el trámite concursal cuestionado, y así, ya sea por las consecuencias financieras del sólo transcurrir del tiempo sobre los montos adeudados o por la omisión de contralor en cuanto a los movimientos patrimoniales de la concursada, habrían perjudicado las arcas estatales".
En su dictamen el fiscal advierte por las irregularidades que se han ido produciendo en el trámite del expediente N° 94360/01 caratulado "Correo Argentino s/ Concurso preventivo" así como en sus incidentes, "cuya duración ya superó los quince años y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".
El nuevo requerimiento fiscal es la ampliación de la imputación presentada ante el juez Ariel Lijo en febrero pasado, al solicitar iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal. En su momento el fiscal imputó a Macri, al ministro de Comunicaciones de la Nación Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa.
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