¿Qué escenarios enfrenta Argentina en la negociación con los fondos buitre?

Política

La interpretación de la cláusula RUFO ante un eventual acuerdo entre la Argentina y los holdouts aparece como el gran escollo a eludir en el arreglo.

La Argentina entró este lunes en moratoria de pago. Aunque el ministro de Economía y Finanzas de la Nación, Axel Kicillof, anunció la semana pasada el depósito de los más de mil millones de dólares para cumplir con los vencimientos de deuda de este lunes, la orden del juez neoyorquino Thomas Griesa de congelar el pago puso al país en situación de moratoria y tiene ahora tiempo hasta el próximo 30 de julio para cumplir con sus compromisos para no caer en default.

Uno de los principales escollos en la negociación que la Argentina y los fondos buitre encararon la semana pasada a instancias del juez Griesa para hallar una salida a la disputa, es la cláusula de Rights Upon Future Offers (RUFO) incluida en los bonos que el 93% de los acreedores de la deuda defaulteada en 2001 aceptaron canjear en 2005 y 2010.

Tal como aseguró Kicillof durante la conferencia de prensa que brindó desde el microcine del Palacio de hacienda, la cláusula RUFO fue clave para lograr que una reestructuración de deuda sea exitosa. Es que vuelve la oferta más atractiva para los bonistas al asegurarles a aquellos que aceptan el canje que siempre obtendrán la mejor oferta posible en la reestructuración de la deuda. En otras palabras, si la Argentina ofreciera hoy un nuevo canje de deuda para el 7% de los holdouts en mejores condiciones que las ofrecidas a quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, éstos tendrían derecho a que se les respete a ellos también las nuevas condiciones ofrecidas.

Sin embargo la validez de la validez de la cláusula en el actual escenario es eje de un debate interpretativos que podría, en caso de que la Argentina y los fondos buitre alcancen un acuerdo antes del próximo 30 de julio, terminar en un nuevo litigio por parte de los reestructurados.

Para una parte, la Argentina estaría exenta de pagarles a los reestructurados lo mismo que pagará a los fondos buitre ya que, en rigor, la Argentina no estaría realizando una nueva oferta voluntaria. Sólo estaría cumpliendo con un fallo judicial y no existiría esa nueva oferta por la cual los reestructurados podrían disparar la cláusula RUFO en su favor.

A esto se refería Kicillof cuando denunció que cumplir con el fallo de Griesa, es decir pagar el 100% del valor nominal de los bonos defaulteados, podría implicar demandas a la Argentina por hasta 120 mil millones de dólares.

Por otra parte el representante de los bonistas italianos que sí entraron a los canjes de deuda ya advirtió que cualquier pago que se realice a los fondos buitre por encima de lo que perciben sus representados dispararía de manera automática la cláusula RUFO.

La alternativa más clara que parece tener la Argentina, pero que conlleva un fuerte costo político, es patear el acuerdo hacia adelante. Es que el próximo 31 de diciembre vence la vigencia de la cláusula RUFO. Sin embargo la Argentina debería convencer a los fondos buitre de aceptar dilatar seis meses el cobro. La gran pregunta es ¿por qué habrían de hacerlo?. Los fondos buitre tienen a su favor un fallo firme que ordena a la Argentina a pagar, en simultáneo con el próximo pago que realizará a los bonistas reestructurados, el 100% del valor nominal de sus bonos.

Patear el pago hasta enero, aunque significaría un gran alivio para las finanzas del país implicaría sin embargo un fuerte costo político para un gobierno que hizo del enfrentamiento con los fondos buitre y la defensa de los bonistas que aceptaron voluntariamente los canjes de deuda propuestos una bandera en cuanto foro internacional participó.

Tulio Zembo, representante de los bonistas italianos, cargó con dureza contra los fondos buitre a los que acusó de poner en peligro el largo y arduo proceso de reestructuración de la deuda emprendió por la Argentina hace casi 10 años ya. Sin embargo advirtió: "Cualquiera de nosotros, si acepta primero una reducción, una modificación en las condiciones en la cantidad de pago, y después ve que aquellos que no entraron cobran más, entonces sí, existe la posibilidad técnica y legal (de reclamar), creo que lo vamos a hacer".

Así planteado, el escenario ofrece múltiples alternativas que deberían terminar por definirse, a más tardar el próximo 30 de julio cuando la Argentina, para evitar caer en default deberá poder pagar a sus acreedores. Para eso deberá haber alcanzado un acuerdo con los fondos buitre de modo que al momento de depositar una vez más los fondos para pagar a los reestructurados, el pago no se vea frustrado por un eventual embargo de Griesa.

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