Garré prohibió a las Fuerzas Armadas alojar en unidades castrenses a militares procesados
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Por NA
La cartera que conduce Garré insistió en que esa tarea debe estar a cargo de las fuerzas penitenciarias y de seguridad: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria o del Servicio Penitenciario Federal (en su caso auxiliadas por las provinciales) y no de las Fuerzas Armadas, "cuya misión de defensa nacional está claramente separada de la de seguridad interior", se subrayó.
En los considerandos de la resolución del Ministerio de Defensa, se anota que "en varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los Derechos Humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas que son propias de las Fuerzas de Seguridad".
"Resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tiene competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos", indicó Garré.
Por último, la ministra afirmó que "la realización de labores propias de procesos penales, como la detención de personas y el traslado de detenidos, por parte de las Fuerzas Armadas no sólo son ajenas a su rol, sino que les están prohibidas".
"Defensa viene desarrollando diferentes tareas tendientes al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, conforme a las exigencias propias de un Estado democrático de Derecho, junto con el desafió de su profesionalización en cuyo marco ocupa un lugar central el apego a la legalidad, con todas sus implicancias", concluye la directiva.
En varias oportunidades, Garré se dirigió a los magistrados federales y a las Cámaras Federales que tiene jurisdicción en las diversas causas donde están procesados militares por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura para solicitarles que los procesados no fueran alojados en unidades militares dado que "no constituyen cárceles".
La ministra considera, además, que la presencia de los procesados implica un "mal ejemplo" para los efectivos que prestan servicio en las mismas y el hecho constituye una desigualdad ante le ley frente al resto de los sometidos a instancias judiciales.
Por estos días hay aún 34 militares alojados en Campo de Mayo -una prisión bajo control del Sistema Penitenciario Federal y con régimen carcelario común-, más una docena en el cuartel La Unión del Cuerpo III en Córdoba, y otra decena dispersa en cuarteles de Corrientes, Jujuy, Mendoza y Comodoro Rivadavia.
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