Para la Ciudad, es una "locura" la acusación de que Bonadio actuó por mandato de PRO

Política

El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, defendió el accionar de la fuerza porteña en Río Gallegos en el marco de la causa por Hotesur. "Nunca nadie cuestionó los gastos", dijo respecto a operativos en otras provincias.

"Es un disparate plantear que la Metropolitana no puede asistir a un magistrado federal. Es poco serio, y tratar de confundir a la gente es un poco triste. Si el juez lo ordena, yo lo tengo que hacer. Eso está claro", aseguró en declaraciones radiales.

Asimismo, evaluó que "es una locura lo que están planteando, es poco serio. La ley es muy clara: la Policía es auxiliar de la Justicia, y no depende del tipo de delito".

Montenegro resaltó que la Policía Metropolitana "ha hecho infinidad de procedimientos en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en Ushuaia, en Salta, en Santa Fe, en Misiones", y dijo que nadie cuestionó los gastos de esos operativos.

"Las fuerzas policiales son auxiliares de la Justicia. La ley de conformación de la Policía Metropolitana establece que es auxiliar de la Justicia", insistió.

El operativo realizado el lunes por la Policía Metropolitana en una de las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, en el marco de la causa Hotesur, fue pagado con fondos de la ciudad de Buenos Aires, informó este miércoles en exclusiva C5N.

El juez Claudio Bonadio pidió a los efectivos que lleven adelante este operativo y el procedimiento fue ilegal. Por un lado, porque el distrito de la Metropolitana es la ciudad de Buenos Aires y no Río Gallegos. Pero además, el magistrado pidió los fondos a la Ciudad y no a la Justicia para poder llevarlo a cabo, como debería haberlo hecho de acuerdo a la ley.

El informe especial de C5N detalló que el gobierno porteño que encabeza Mauricio Macri montó la operación y gastó 10 millones de pesos en logística, hotelería y sueldos. En este sentido, se anticipó que habrá denuncia por malversación de fondos.

El informe televisivo reveló un correo electrónico enviado al hotel donde se hospedaron los efectivos de parte de Marcela Blanco, una empleada de la empresa Furlong, contratada por el gobierno porteño. En el e-mail, dirigido hacia uno de los encargados del hotel, Blanco adjuntó un listado de quienes se hospedarían financiados por la Ciudad.


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