La iniciativa del gobierno nacional, que ya obtuvo media sanción en el Senado, va camino a convertirse en ley. Será debatido en la Cámara de Diputados el próximo 21 de mayo.
El proyecto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
En ese Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, se incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores y contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
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Presentado en marzo pasado por la presidentaCristina Kirchner, beneficiaría a casi 300.000 microempleadores, según estimaciones oficiales.
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Al anunciar el proyecto, la presidenta destacó que la iniciativa "aborda el segundo problema más importante que tienen los trabajadores en la República Argentina" y afirmó que "la precarización laboral es un enemigo de todos los trabajadores".
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En el Senado, y si bien tuvo objeciones, el proyecto contó con el apoyo de la UCR, el FAP-UNEN y el peronismo opositor, por lo que se descuenta que ocurrirá lo mismo en la Cámara baja cuando sea tratado en el recinto.
La iniciativa recibió algunas modificaciones antes de su aprobación en el Senado, en base a sugerencias de los bloques opositores y del propio oficialismo.
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