Nuevas declaraciones en el jury a Campagnoli
Entre los testimonios de este martes, se destacaron los de los periodistas Jorge Lanata, Nicolás Wiñaski y Daniel Santoro, y el del camarista Ricardo Recondo.
El programa de Lanata emitió en abril de 2013 una cámara oculta a Leonardo Fariña y una entrevista a Federico Elaskar. Este contaba detalles de presuntas irregularidades y actividades de lavado de dinero que realizó mientras estaba a cargo de la financiera SGI. Además contó cómo presuntamente le fue quitada la financiera a través de presiones del empresario Báez.
El expediente de la causa Baéz estuvo en trámite en el fuero de Instrucción, bajo la jueza María Gabriela Lanz, e instruida por Campagnoli como fiscal. Esa es una acusación contra el fiscal que siguió investigando cuando había una causa en el fuero federal sobre el mismo tema. Campagnoli además cambió el objeto de la causa. Tomó otra causa antigua que estaba en la Fiscalía 10 contra Elaskar, por administración fraudulenta de la empresa SGI. Allí Campagnoli convirtió a Elaskar de denunciado a víctima.
A continuación de Lanata declararon como testigos los periodistas Nicolás Wiñaski y Daniel Santoro, quienes coincidieron en que Elaskar "tenía mucho miedo" ya que habría recibido amenazas de muerte y por eso tuvo un "exilio voluntario" cuando se fue del país por un año.
Campagnoli está sometido a juicio por haberse excedido en el objeto procesal de la causa contra Báez y además por "abuso de autoridad" y tener una "actitud desafiante frente a las instituciones", según describió la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó al solicitar su remoción.
También se lo acusa de haber divulgado información reservada de los expedientes que tuvo a su cargo a la prensa, pero negaba a los imputados el acceso a las actuaciones.
Este martes declaró también el camarista federal y representante de jueces en el Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo, quien como testigo de concepto a favor de Campagnoli opinó que "se cometió una arbitrariedad" cuando, al momento de disponer su suspensión, se le practicó un descuento del 30 por ciento en sus haberes.
Esa medida fue revocada más tarde por la justicia en lo contencioso administrativo federal, que ordenó el pago total de los haberes.
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