Termina la feria y vuelve la actividad en Tribunales
En este nuevo ciclo judicial, se esperan avances en diferentes causas con impacto político y social. Entre ellas, se encuentran la tragedia de Once, la Ley de Medios y la expropiación del predio ferial de Palermo.
Se espera que el juez federal Claudio Bonadío envíe a juicio oral a los acusados del accidente que el 22 de febrero del año pasado dejó 51 muertos y más de 700 heridos. Entre los imputados se destacan los ex secretarios de Transportes Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y el ex dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano, entre otros.
En la causa por la Ley de medios, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal debe resolver si los artículos objetados por el Grupo Clarín son o no constitucionales -actualmente están suspendidos por una cautelar-, para que luego el expediente llegue a la Corte Suprema.
En el regreso de la actividad judicial se espera una resolución del juez federal Norberto Oyarbide en la causa contra los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el presunto desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Oyarbide debe definir si procesa a los Schoklender, a Alejandra Bonafini -hija de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini-, y a otro casi centenar de acusados por el supuesto desvío de más de 700 millones de pesos que el Estado había destinado a la fundación para la construcción de viviendas sociales, mediante el plan "Sueños Compartidos".
También se avanzará en la causa "Ciccone": el juez federal Ariel Lijo retomará el expediente en el cual está tomando declaración a testigos.
Respecto de los juicios orales, el próximo lunes se reanudará el proceso por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra -durante enero se realizaron algunas audiencias- con una inspección ocular en Barracas, donde ocurrió el asesinato por el que están acusados y detenidos el sindicalista ferroviario José Pedraza y otros nueve integrantes de ese gremio.
En tanto, el martes próximo se reanudará el juicio contra el ex presidente Fernando De la Rúa y ex funcionarios de su Gobierno y ex senadores peronistas por el presunto pago de sobornos para la aprobación de la ley de reforma laboral durante el Gobierno de la Alianza.
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