Cruces por el fallo que extendió la cautelar del Grupo Clarín

Política

El diputado del FpV, Agustín Rossi, negó que la fecha haya sido impuesta por el Gobierno, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, pidió "ocuparse de los problemas reales".

Funcionarios y legisladores del oficialismo y la oposición manifestaron este viernes sus posturas respecto de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal de extender la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín.

En declaraciones a Radio 10, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, consideró que la presidente Cristina Fernández debería poner más energía "en el financiamiento del arroyo Vega" que en el 7D.

El jefe comunal se refirió de esta manera luego de una jornada de inundaciones y anegamientos en la ciudad de Buenos Aires por el temporal que afectó la zona.

"Se necesita invertir, poner energía en eso, no en el 7D y cosas que no tienen nada que ver con la agenda de los problemas de la gente, hay que ocuparse de los problemas reales", señaló Macri.

Por su parte, el jefe del bloque de la Cámara de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aclaró que el 7 de diciembre no es una fecha puesta por el Gobierno, por lo cual "no hubo un error político", ya que es una fecha decretada "por la Corte Suprema".

Asimismo, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, consideró que el fallo de la Cámara constituye "una vulneración al principio de la soberanía del pueblo y las incumbencias constitucionales del Congreso".

"Tengo la plena confianza en que la Justicia va a dictaminar interpelando la voluntad mayoritaria del legislador, que es la democratización de los medios en la Argentina", sostuvo Domínguez.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, exhortó a "defender la plena aplicación" de la Ley de Medios.

"No podemos permitir que la voluntad de las grandes mayorías sea burlada", señaló  el mandatario provincial en repudio de la decisión de la Cámara.

Agregó que "esta nueva ley significó un enorme avance en lo relacionado a la normativa de medios de comunciación, reemplazando legislación de la dictadura genocida", aseveró el Gobernador.

Por su parte, el diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas estimó que el 7D "es una pantalla para ocultar un montón de otras cosas importantes".

En tanto, el radical Oscar Aguad consideró que "la Cámara hizo lo que tenía que hacer, no fue nada extraordinario, la Justicia tutela la propiedad hasta que haya una definición en la cuestión de fondo".

En declaraciones radiales, el diputado agregó que la decisión judicial no resuelve los problemas pero "marca un camino para poder empezar a resolverlos: "Una ley de desinversión es un disparate, lo que necesita el país es inversión".

Otra de las personas que se refirió a la resolución de la Cámara fue la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que acusó a los "jueces que defienden a Clarín de cometer toda clase de delitos".

“Los jueces que defienden a Clarín creen en la justicia divina. Por eso comenten toda clase de delitos: defienden a hombres como (Héctor) Magnetto, que tiene crímenes de lesa humanidad sobre su cabeza”, expresó a través de un comunicado.

Según De Bonafini, "las Madres sabemos que algún día, como muchos asesinos de la dictadura, estos jueces estarán en el banquillo de los acusados de la justicia de los hombres".

El vicepresidente Amado Boudou sostuvo que existe "un sector de la justicia que sigue apostando por una Argentina de privilegios donde la democracia es sólo un valor formal".

Boudou se refirió a los jueces que "traban las leyes que emanan del Congreso Nacional sólo para defender los privilegios de Magnetto y Clarín", aseguró al participar en Lomas de Zamora de un acto de entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad junto al director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, el diputado nacional Eduardo de Pedro y el intendente local, Martín Insaurralde.

En el mismo sentido, el ex titular del Palacio de Hacienda sostuvo que algunos jueces "creen que están para legislar" al impedir la aplicación plena de la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual sancionada hace tres años por el Congreso.

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