La Corte convocó al Gobierno y a Clarín a audiencia pública
El encuentro fue fijado para el 28 de este mes. El máximo tribunal debe resolver la demanda por inconstitucionalidad promovida por el grupo de medios para cuestionar artículos clave de la norma.
Así, la mayoría de los ministros avaló la idea de escuchar la diversidad de opiniones en la resolución del tema que en plena campaña electoral ya con miras a octubre, enfrenta al Gobierno y el Grupo Clarín.
De la audiencia pública participarán una representación unificada del Estado Nacional y otra del Grupo Clarín, más un grupo de diez "amicus curiae" (amigos del tribunal, organizaciones que sin ser parte en el expediente tienen interés en su resolución), cinco en respaldo de cada postura, según se explicó.
La convocatoria es para las diez de la mañana, y se prevé una exposición de 15 minutos para cada "amicus", otra de media hora para cada parte, y un espacio de 15 minutos para las réplicas.
Fuentes del tribunal estimaron que la audiencia pública se podría extender al menos por una jornada más a la prevista inicialmente que es para el 28 de agosto próximo.
La incógnita es si con la convocatoria a la audiencia, y las consiguientes demoras para estudiar y analizar el tema, el fallo podrá salir a la luz antes de las elecciones de octubre, y sobre eso hablaron hoy los ministros en el acuerdo, según confiaron fuentes judiciales.
El ideólogo de esta medida habría sido el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien se ha inclinado a favor de las audiencias públicas en temas sensibles que involucran al gobierno.
En tribunales se interpreta que la medida adoptada por la Corte es una "táctica" que le permitiría "ganar tiempo" en su búsqueda de consenso entre los ministros, que están divididos sobre qué fecha fallar, y sobre algunos aspectos del fallo final.
Algunos ministros se inclinan por fallar antes de las elecciones de octubre, como lo expuso en su momento públicamente Eugenio Zaffaroni. También hay diferencias en la Corte en algunos puntos clave de la cuestión de fondo, es decir sobre la constitucionalidad o no de algunos artículos de la ley de medios y se estaría buscando un consenso o unidad, lo que por ahora parece difícil.
Antes de la feria judicial de invierno, la Procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó que la ley de medios es constitucional y abrió la posibilidad a un rápido fallo de la Corte, tal como pretendía el gobierno, pero que ahora sufrirá demoras.
La causa transitó un largo camino judicial, que incluyó denuncias a jueces que intervinieron, recusaciones, excusaciones, fallos contrapuestos, y una resolución de la Cámara Civil y Comercial Federal que consideró constitucional algunos artículos e inconstitucionales otros.
Según trascendió antes de la feria, el fallo de la Corte no modificaría demasiado la resolución de la Cámara, pero las expectativas están puestas en si el alto tribunal abrirá el debate sobre la libertad de expresión ya que hasta ahora la posición dominante en la Corte acotaba la discusión a un problema de licencias.
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