La causa por intento de soborno de Pedraza a la Justicia cambia de manos

Política

Después de tres años y medio de deambular por distintos juzgados, el caso quedó en manos del juez Norberto Oyarbide.

La causa, que investiga los supuestos sobornos durante la investigación del crimen del militante Mariano Ferreyra será investigada finalmente por el fuero federal. Distintos protagonistas -incluído José Pedraza- habrían intentado comprar impunidad sobornando jueces de Casación Penal.

La sala VI de la Cámara del Crimen, por mayoría, decidió confirmar la decisión del juez de instrucción y envió el expediente al fuero federal, y será Norberto Oyarbide quien quedó a cargo de una investigación que nadie parece querer en tribunales.

En el caso, en  2011, un dictamen del fiscal Sandro Abraldes advirtió que de acuerdo a escuchas telefónicas, era necesario analizar la presunta participación de jueces de Casación Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell, quien luego renunció y Mariano González Palazzo, que  era subrogante,  en una supuesta maniobra que apuntaba a beneficiar a Pedraza.

Para el fiscal Horacio Azzolín, la decisión muestra una "falencia estructural del poder judicial para investigarse a si mismo", ya que en la causa se excusaron de intervenir más de diez magistrados, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.

El juzgado Federal a cargo de Norberto Oyarbide, tiene desde el viernes la causa por los supuestos sobornos durante la investigación del crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, luego de que la sala VI de la Cámara de Crimen ratificó, por mayoría, la resolución del juez Pablo Ormaechea, quién se había declarado incompetente en mayo.

Para el juez de instrucción Ormaechea, la "plataforma fáctica" de la causa había cambiado, ya que tenía "una concreta imputación" contra los magistrados de Casación federales Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Además, sostuvo que se había afectado el normal funcionamiento de un órgano federal y que eso tendría consecuencias "para todos los procesos del país que pasaron pudieron pasar por la Cámara".

En sus votos, los jueces de Cámara Ricardo Matías Pinto y Mario Filozof, ratificaron la decisión de Ormaechea. Por su parte, el fiscal Azzolin consideró que "la posibilidad de que haya habido sobornos, es de una gravedad institucional enorme".

Recordó además que las medidas solicitadas en 2011 desde la Fiscalía de Instrucción n°49 donde es subrogante "no han recibido respuesta". "Si fuera otra causa, ningún tribunal permitiría que estuviera tanto tiempo sin una definición o con medidas sin resolución", sostuvo.

Una de las querellas, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales,  confirmó que apelará la decisión a la Cámara de Casación de la Cámara del Crimen. "El poder judicial debería estar preparado para investigar el caso como cualquier otro", concluyó Azzolin.

El caso: en enero de 2011, se llevó a cabo, en el marco de la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra, una maniobra, que según la misma Cámara del Crimen confirmó en una intervención, constó de dos etapas. La primera habría consistido en manipular el sorteo para que los recursos de casación presentados por las defensas de los acusados quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

La segunda etapa habría tenido como objetivo "influir indebidamente" en el juez Riggi y en el resto de los vocales de la Sala para obtener un fallo favorable a los intereses de los imputados, que sucedería los primeros días de febrero de 2011.

Según la Cámara del Crimen, esta parte habría quedado "trunca" por el allanamiento realizado en el estudio jurídico de Octavio Aráoz de Lamadrid,  ex secretario de Casación y procesado actualmente. En ese operativo se encontró un sobre con 50 mil dólares, que habrían provenido de la Unión Ferroviaria, en base a escuchas telefónicas.

En el expediente figura una conversación mantenida entre Mitchell y su colega Ángela Ledesma, en la que el juez le propone hacerse cargo de la Presidencia de la Cámara de Casación durante la feria de enero de 2011. El objetivo de esto habría sido "garantizar que no se habilitara la feria para el tratamiento de cualquier recurso interpuesto respecto del procesamiento o de las denegatorias de las excarcelaciones" de la causa Ferreyra.

Además del ex secretario de la Cámara de Casación Penal Aráoz de Lamadrid, están procesados el ex agente de Inteligencia Juan José Riquelme; el ex contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini; el ex secretario general de la UF, José Pedraza, y el empleado de la oficina de sorteos del Poder Judicial Luis Ameghino Escobar, según confirmaron desde el ministerio Público Fiscal.

Por el homicidio de Ferreyra, está condenado el líder ferroviario Pedraza, su número dos, la patota del gremio y policías federales.

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