El Senado debate la reforma al Código Procesal Penal
La Cámara alta comenzó pasadas las 13.35 el debate en el recinto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que modifica el Código Procesal Penal y que introduce como cambio central el reemplazo del actual sistema de justicia "inquisitivo" por uno "acusatorio" en el que la investigación preparatoria estará a cargo de los fiscales.
La iniciativa obtuvo dictamen la semana pasada con el respaldo de la mayoría de los integrantes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, luego de recibir varias modificaciones tras tres semanas de audiencias en las que participaron especialistas en la materia judicial, así como el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez.
Entre los más de cuarenta cambios introducidos al proyecto se modificó el artículo 35 referido a la Suspensión del Proceso a Prueba, vinculado a los extranjeros que sean encontrados en flagrancia delictiva. En ese sentido, el Código ya no discrimina entre extranjeros en situación regular o irregular, aunque a los primeros les otorga la posibilidad de solicitar una probation en el país.
En ese sentido, "las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara".
Los senadores no modificaron la facultad del fiscal de estar a cargo de la investigación preparatoria que puede tardar hasta un año y que concluye con la acusación del imputado, exhibiendo las pruebas pertinentes al juez. En la preparación del juicio se decidirá qué pruebas se tendrán en cuenta y se determinará el tribunal que se hará cargo del proceso oral y público.
La tercera etapa de la causa es el juicio en sí mismo. Todo el proceso no puede durar más de tres años. Se busca así dar mayor agilidad a los juicios.
Además, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
Otra de las potestades de los fiscales es que podrán decidir cuáles delitos investigar. Sin embargo, el nuevo Código los obliga a investigar las causas contra funcionarios cuando se les atribuyera un delito cometido en el ejercicio de su cargo o episodios de violencia doméstica o discriminación.
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