Ordenaron detener a Jaime y rechazan la eximición de prisión

Política

Lo hizo el juez Bonadío en el marco de la causa por un contrato del Belgrano Cargas. La defensa presentó un pedido de exención de prisión pero el magistrado consideró que podría entorpecer la investigación.

El juez federal Claudio Bonadío ordenó este viernes la detención de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte entre 2003 y 2009, en el marco de la investigación por defraudación y desvío de fondos por dos millones de pesos en un contrato entre la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y la empresa Luis Carlos Zonis S.A en 2003. Ante la sumatoria de causas contra el ex funcionario kirchnerista -una veintena-, el juez decidió apresarlo para evitar una posible fuga.

En tanto, la defensa presentó un pedido de exención de prisión, a cargo del abogado Andrés Maroutián. Sin embargo, Bonadío lo rechazó porque considera que en libertad, el ex funcionario podría eludir la acción de la Justicia, y entorpecer la investigación.

A pedido del fiscal Guillermo Marijuán, Bonadío realizó una investigación para determinar la cantidad de causas que pesan contra el ex funcionario. Ante el resultado, ordenó detenerlo.

Por la misma causa en la que Jaime irá a la cárcel, están procesados Pedro Ochoa Romero, ex director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Pedraza, Graciela Coria y Angel Stafforini, entre otros. 

A mediados de mayo el juez había citado a declaración a 54 personas, entre las que se encontraban -además de Jaime- la familia Zonis -dueños de la empresa-; José Pedraza, ex secretario general de la Unión Ferroviaria y condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra; Graciela Coria, esposa de Pedraza y directora del Belgrano Cargas por entonces; además de empresarios, sindicalistas y funcionarios. 

El contrato con la empresa Luis Carlos Zonis S.A. era para realizar el tendido de vías en San Miguel de Tucumán. El monto acordado por dicho trabajo ascendió a 7.990.000 pesos. La cifra no es casual, es que de haber alcanzado los 8 millones de pesos el contrato debería haber pasado por Jefatura de Gabinete para su aprobación. De esta manera Pedraza y Jaime evitaron ese paso. Apenas sellado el acuerdo, Jaime autorizó casi inmediato el desembolso de un adelanto por 2 millones de pesos. Desde la CNRT aprobó todo Pedro Ochoa Romero.

Cuando se dio el cambio de mando en el Belgrano Cargas –de la UF a SOESA, cuyo director Luigi Capelli también fue procesado-, Zonis reclamó el pago del saldo de todo el contrato que no se había terminado de cancelar para ese entonces. Ya se había pagado casi la totalidad del monto en cuotas bajo el mando de la UF pero en ese momento Jaime ordenó pagar 2 millones de pesos por encima a lo pactado inicialmente con la empresa. El destino de los 2 millones que se pagaron como adelanto sigue siendo un misterio y por eso Bonadío resolvió la detención del funcionario.

Empresarios, sindicalistas y funcionarios

El estrecho vínculo entre empresas, funcionarios y sindicalistas, no es nuevo ni acaba en la condena a Pedraza o a Jaime. El actual secretario general de la UF Sergio Sasia, quien fuera gerente de Recursos Humanos del Belgrano Cargas y dirigente del sindicato desde fines de los '90, es dueño de una empresa de limpieza que terceriza servicios en el ferrocarril. 

Pedraza y Sasia firmaban los acuerdos salariales y convenios laborales del Belgrano Cargas –antes y después de su traspaso a SOESA –una concesión a cargo de Emepa (grupo Romero), Grupo Roggio, Socma (Grupo Macri), Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Camioneros. Por la empresa, a su vez, firmaba Susana Planas -indagada en la causa de coimas en la que Pedraza intentó conquistar el favor de los jueces y citada también por Bonadío- que además de ser gerente del Belgrano Cargas fuera apoderada de la Cooperativa Unión del Mercosur, la tercerizada de la UF.

Pero la empresa de Sasia y Collante tenía un tercer socio, que es a la vez el nexo vinculante con otros grupos empresarios: Daniel Vispojefe de Transporte de Soesa bajo mando de Romero, Roggio, Macri y cía. Es decir que tanto cuando estuvo en manos de la UF como en su paso por Soesa, el Belgrano Cargas estaba controlado por los hombres que manejaron y aún manejan el sindicato, en concordancia con los empresarios del sector y los funcionarios.

Otro ejemplo de los estrechos vínculos entre sindicalistas, funcionarios y empresarios es que muchos de los trabajos concesionados por los ferrocarriles fueron asignados –aún cuando fueran los gerenciadores del ferrocarril- a empresas de Roggio y Romero. Para más complejidad, muchos trabajos fueron asignados a Unidades Transitorias de Empresas –es decir, mixtura de compañías- que unían, por ejemplo a Emepa con la empresa Lus Carlos Zonis SA. o a Herso –también de Romero- con Roggio y la Unión del Mercosur –de la UF-, o a Herso con Zonis. Lo que se dice: ganar en ambos lados del mostrador.

El año pasado el Gobierno Nacional decidió la intervención del Belgrano Cargas y a principios de 2013 ordenó su operación y recuperación  a través de una unión entre dos sociedades del Estado –Adifse y Sofse. Pero el lazo se mantiene: ambas sociedades están dirigidas por hombres de los sindicatos ferroviarios. Más aún, el Coordinador de proyectos de Adifse es ex ingeniero y coordinador de la investigada Luis Carlos Zonis SA, pero también trabajó para la UTE conformada por Zonis y Herso.

Otros ejemplos de pertenencia a ambos lados del mostrador son Guillermo D'Angela –actual miembro del secretariado nacional de la UF- y Juan Araya –director de Sofse-, amigo y abogado de Pedraza y de la UF, que también fueron indagados por Bonadío en esta causa de corruptela que involucra a sindicalistas, empresarios y funcionarios.

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