Polémica por los cortes de calles: Macri busca endurecer las penas y el Gobierno no quiere soluciones "a los palos"

El Gobierno porteño se vio envuelto hoy en una nueva polémica, esta vez con dirigentes piqueteros, luego de que el fiscal general Germán Garavano confirmara que se castigará a los líderes de las organizaciones gremiales o sociales que encabecen manifestaciones en la Ciudad sin previo aviso a la comuna.

La primera voz que se alzó contra la medida fue la del líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, quien desafió al Gobierno porteño al asegurar que no dará aviso antes de manifestarse en la Capital Federal.

"Este viernes vamos a hacer una manifestación a Plaza de Mayo, no voy a pedir permiso, es un derecho constitucional", aseguró en declaraciones a Radio 10.

Castells evaluó que el Gobierno porteño planteó la medida por "desconocimiento de la realidad social" y destacó que, según las estadísticas, sólo el "tres por ciento" de los cortes de calles son realizados por piqueteros, ya que la mayoría son protagonizados por "vecinos no organizados y comerciantes" que salen de manera "espontánea" a protestar.

El dirigente hizo referencia a un trabajo del Centro de Estudios Nueva Mayoría, según el cual de los 593 cortes de rutas y calles registrados en el país durante 2007 el 52 por ciento estuvo protagonizado por "vecinos, estudiantes o comerciantes".

"¿Vecinos que pasan 30 horas sin luz y sin agua van a hacer un trámite para pedir permiso antes de hacer una protesta?", se preguntó.  En ese marco, el líder del MIJD confirmó que el próximo viernes
se movilizará desde Constitución hasta Plaza de Mayo y que no avisará de manera formal a las autoridades porteñas.

"Nosotros vamos a peticionarle a Macri por los empleados que echó y a la señora (Cristina) Kirchner por los empleados del casino (de Puerto Madero). A nosotros no nos van a dar nunca permiso para hacer una manifestación, se lo van a dar a los amigos del gobierno, como a Gerardo Martínez", lanzó en referencia al titular de la UOCRA.

Castells, quien definió a Mauricio Macri como "un niño bien de la oligarquía", aclaró de todos modos que con su agrupación no va a "cortar una sola calle" durante la movilización. A las críticas se sumó el dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal, quien sostuvo que la obligación de informar antes de
realizar una manifestación "es una medida que viola garantías constitucionales".

"La protesta no puede ser obligada a informarse con antelación. El derecho de protesta, el derecho constitucional de manifestarse y protestar está directamente ligado a la oportunidad del reclamo", enfatizó Ramal en declaraciones a Radio América.

Por su parte, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), aseguró que "jamás" su agrupación va "a pedir permiso" para manifestarse.  "Macri está judicializando la protesta social y eso es una barbaridad. Las declaraciones del fiscal para nada cambian nuestra manera de manejarnos. No pensamos avisar nuestras movidas", desafió.

La reacción de los dirigentes piqueteros se conoció luego de que el fiscal general porteño, Germán Garavano, confirmara que de ahora en más se identificará y sancionará a los líderes de las organizaciones gremiales o sociales que encabecen manifestaciones en caso de que no hayan avisado sobre su realización a las autoridades.

"Vamos a hacer un cambio en el abordaje del problema. Vamos a ir contra los responsables, los líderes de las organizaciones, contra los que arman estas marchas", afirmó Garavano en declaraciones a un matutino porteñoo.