Los jueces se despegan del conflicto con gendarmes y prefectos

Política

Aclararon que sólo les corresponde resolver casos puntuales y no una política salarial para todos los trabajadores de un sector.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se desvinculó del decreto que originó el enfrentamiento entre los efectivos de las fuerzas de seguridad y el Gobierno nacional. Aclararon que "los jueces resuelven los conflictos individuales pero nunca fijan una política salarial de carácter general".

Mediante un comunicado firmado por el titular de la Asociación, Luis María Cabral; la vicepresidente, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero; y el secretario general, Marcelo Gallo Tagle, subrayaron que era "necesario efectuar precisiones respecto de los reclamos salariales de las Fuerzas".

"Numerosos fueron los reclamos judiciales fundados en el carácter remuneratorio de los adicionales salariales abonados por el Estado Nacional. Los jueces de todas las instancias, incluida la Corte Suprema se expidieron desde hace ya varias décadas en favor de tales pretensiones", precisaron.

Los magistrados explicaron, entonces, que "esta jurisprudencia recoge principios bien conocidos en los ámbitos del derecho del trabajo y de la protección del trabajador, que resultan aplicables al caso".

"Los jueces resuelven los conflictos individuales, declaran que el pago de los adicionales no  remunerativos son ilegales, establecen la doctrina para los futuros fallos, pero nunca fijan una política salarial de carácter general, ya que se trata de una atribución que corresponde a los poderes políticos del Estado Nacional", enfatizaron desde la Asociación.  


Cómo empezó el conflicto de Prefectura y Gendarmería

La protesta por salarios de los suboficiales de Prefectura y Gendarmería se profundizó y obligó al Gobierno a retrotraer los recortes de sueldos y a echar a las cúpulas de ambas fuerzas, pero los uniformados decidieron seguir en la calle hasta que se satisfaga una serie de reclamos, entre ellos un haber mínimo de siete mil pesos.

La demanda extendida por distintos puntos del país y que contó con la adhesión de algunos miembros de la Armada, mantuvo en deliberación permanente al gobierno de Cristina Fernández, que se pronunció al mediodía mediante el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien anunció que se iban a pagar los haberes como el mes pasado y que se iban a revisar errores en las liquidaciones.

Con el correr de las horas, y ante la desobediencia de prefectos y gendarmes a la cadena de mandos, el Gobierno debió echar a la cúpula de ambas fuerzas, junto a otros jefes, aunque la medida tampoco satisfizo a los efectivos.

Sin embargo, en la noche las partes abrieron una instancia de negociación, en la que llegaron a un principio de acuerdo interno sobre los puntos a destacar en el petitorio. Allí, pasadas las 23, se juntaron con los nuevos jefes de Gendarmería, Enrique Zach, y de Prefectura, Luis Heiler, con los delegados de los manifestantes y funcionarios del gobierno nacional.

Poco antes del encuentro, los manifestantes leyeron un petitorio que agrupaba a los uniformados, donde se reclamó además el pago de un plus por zona de riesgo desde que colaboran en la lucha de la inseguridad en el conurbano, la cobertura por accidentes de trabajo a través de una ART, la libre elección de una obra social y la garantía de que no habrá sanciones por participar directa indirectamente de la protesta.


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