La resolución judicial recayó sobre el ex titular de la fuerza, Héctor Schenone, entre otros. Es por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública.
La Justicia Federal imputó este martes al ex Director Nacional de Gendarmería Nacional, Héctor Bernabé Schenone, y a otros seis ex funcionarios de la fuerza por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público, a raíz de una denuncia realizada por el Ministerio de Seguridad.
La decisión del fiscal federal Jorge Di Lello se basa en la sospecha de que los imputados habrían realizado contrataciones irregulares de combustible en perjuicio del Estado por un monto cercano a los 40 millones de pesos.
Además, fueron imputadas cuatro personas pertenecientes a la empresa Combustibles Integrados SRL, una de los cuales es hijo de uno de los funcionarios de Gendarmería denunciados.
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La intervención dictada por la ministro Nilda Garré el 5 de octubre constató la existencia de estas "negociaciones incompatibles con la función pública", indica un comunicado del Ministerio de Seguridad.
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En la presentación judicial realizada por el Ministerio de Seguridad el 19 de octubre, se señaló que el personal denunciado habría favorecido desde 2009 a la empresa Combustibles Integrados SRL, con vinculaciones familiares dentro de la Gendarmería, adjudicándole contratos para la adquisición de combustible a granel, repuestos para vehículos y reparaciones de edificios y ascensores.
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Además de Schenone, los funcionarios de Gendarmería son: Miguel Gil, Jefe de la Región II en 2009; Humberto Domínguez, Director del Servicio Administrativo Financiero entre diciembre 2009 y marzo 2012; Ricardo Marcelo Olano, Subdirector del SAF en el período diciembre 2009 - marzo 2012; Víctor J. Salvadore, Jefe del Departamento de Contrataciones del SAF en el mismo período; Oscar R. Guidone, Jefe de la Comisión Evaluadora de Proyectos entre octubre 2009 y marzo 2012 y Jefe del SAF entre marzo y septiembre 2012; y Raúl Ricardo Tabochini, Director de Asuntos Jurídicos en el período 2009- 2012.
Excepto Miguel Gil, los restantes funcionarios también fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad por irregularidades en el tratamiento de las liquidaciones salariales de la Fuerza y están imputados en la causa en la que interviene el juez federal Marcelo Martínez de Georgi y el fiscal Guillermo Marijuan.
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