Es por irregularidades en la compra de combustible. El perjuicio al Estado sería por 40 millones de pesos.
El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a ex jefes y otros funcionarios de Gendarmería, acusados de haber realizado contrataciones irregulares de combustible en perjuicio del Estado, por un monto cercano a los 40 millones de pesos.
La presunta maniobra, según informó la cartera que conduce Nilda Garré, fue descubierta por la intervención del área jurídica de la fuerza -dictada el pasado 5 de octubre-, que constató la existencia de "negociaciones incompatibles con la función pública" que ratificaron líneas de investigación de una auditoría anterior.
En la denuncia presentada ante el juzgado federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, se señaló que el personal denunciado habría favorecido desde 2009 a la empresa Combustibles Integrados SRL, "con vinculaciones familiares dentro de la Gendarmería", adjudicándole contratos para la adquisición de combustible a granel, repuestos para vehículos y reparaciones de edificios y ascensores.
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Entre los ex jefes denunciados figuran Héctor Bernabé Schenone, ex director nacional de la GNA (denunciado también a principios de mes por su responsabilidad en maniobras indebidas en la liquidación de haberes de la Fuerza); Miguel Gil, jefe de la Región II en 2009; Humberto R. Domínguez, director del Servicio Administrativo Financiero (SAF) entre diciembre 2009 y marzo 2012 y Ricardo Marcelo Olano, subdirector del SAF en el período diciembre 2009 - marzo 2012.
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También fueron denunciados Víctor J. Salvadore, jefe del Departamento de Contrataciones del SAF en el mismo período; Oscar R. Guidone, jefe de la Comisión Evaluadora de Proyectos entre octubre 2009 y marzo 2012 y jefe del SAF entre marzo y septiembre 2012; y Raúl Ricardo Tabochini, director de Asuntos Jurídicos en el período 2009- 2012.
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Garré había ordenado iniciar actuaciones disciplinarias y la suspensión del personal que fuera responsable de estas faltas graves a los deberes de funcionario público.
Con el objetivo de concretar la intervención, una comisión se presentó en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, y precintó las oficinas del área jurídica para preservar la documentación.
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