Casanello accedió a los pedidos del fiscal Carlos Rívolo, quien solicitó en seis oportunidades que el ex funcionario sea llamado a declarar en calidad de imputado al rechazarse uno de los planteo de nulidad que hizo la defensa relacionado con la compra de un yate valuado en un millón de dólares.
Después de más de cinco años de investigación y con los peritajes finales sobre los bienes incorporados al expediente, el juez convocó a Jaime para que explique el origen de sus bienes, luego de que el fiscal Rívolo determinó que el ex funcionario y su familia obtuvieron bienes por 12 millones de pesos sin justificación.
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Deberán declarar además de Jaime, sus hijas Romina, Julieta y Gimena, su ex esposa Silvia Reyss y las hijas de ella: Agostina y Lorena Jayo , y el hermano del ex funcionario, Daniel, también por el delito de enriquecimiento ilícito.
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La figura por la que deberá declarar Jaime se encuentra en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal que establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño". La norma determina que "se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban".
El "enriquecimiento ilícito" es la única figura del Código Penal en el que se "invierte la carga de la prueba", es decir que es la persona imputada la que debe demostrar su inocencia y que no cometió ese delito.
En este expediente, Jaime todavía no fue citado nunca como acusado, pero su situación es complicada, ya que un peritaje mostró un extraordinario crecimiento en los bienes de sus familiares, aparentes testaferros. Los investigadores creen que esconde un patrimonio multimillonario de origen espurio. Por eso, hace más de tres años, Norberto Oyarbide, quien tuvo la causa antes de Casanello, le trabó un embargo por 40 millones de pesos que sigue vigente.
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