La Cámara Federal avaló indagar a Jaime por un lujoso yate
El ex secretario de Transporte será indagado para que justifique sus bienes, entre los que figura la embarcación Altamar 64.
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime ya fue citado a indagatoria para explicar el origen de sus bienes y ahora la Cámara Federal porteña avaló una ampliación de acusación que le permitirá al juez interrogar al ex funcionario por una lujosa embarcación que estaría valuada en un millón de dólares, cuya propiedad también se le atribuye.
La Sala I de la Cámara rechazó un pedido de nulidad interpuesto por la defensa de Jaime contra la decisión del fiscal federal Carlos Rivolo de ampliar su requerimiento de justificación de bienes para incluir el yate Altamar 64 que se le atribuye y del cual él niega ser propietario, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.
De esta manera, el fallo de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah permitirán al juez Sebastián Casanello indagar a Jaime el 26 de noviembre próximo por varios bienes y además por la embarcación en cuestión.
"Al no haberse advertido la existencia de vicio alguno que amerite la invalidación de la presentación del fiscal o la afectación de una garantía de jerarquía constitucional se impone la confirmación del auto de rechazo de Jaime", sostuvo la Cámara en la resolución a la que tuvo acceso minutouno.com.
En el caso se sospecha que el yate es de Jaime porque en el proceso de compra aparecen dos abogados vinculados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que debía ser controlada por el ex secretario de Transporte, Carlos Lluch y Raúl Viola.
Después de cinco años de investigación y con los peritajes finales sobre los bienes incorporados al expediente, el juez convocó a Jaime para que explique el origen de sus bienes, luego de que el fiscal Rívolo determinó que el ex funcionario y su familia obtuvieron bienes por 12 millones de pesos sin justificación.
Meses atrás la Cámara Federal de Casación Penal rechazó declarar inconstitucional el delito de "enriquecimiento ilícito" al desestimar planteos interpuestos por el ex secretario de Transporte y su esposa en la causa, lo que avaló la continuidad del caso.
Deberán declarar además de Jaime, sus hijas Romina, Julieta y Gimena, su ex esposa Silvia Reyss y las hijas de ella: Agostina y Lorena Jayo, y el hermano del ex funcionario, Daniel, también por el delito de enriquecimiento ilícito.
La figura por la que deberá declarar Jaime se encuentra en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal que establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
El "enriquecimiento ilícito" es la única figura del Código Penal en el que se "invierte la carga de la prueba", es decir que es la persona imputada la que debe demostrar su inocencia y que no cometió ese delito.
La situación de Jaime es complicada, ya que un peritaje mostró un extraordinario crecimiento en los bienes de sus familiares, aparentes testaferros. Los investigadores creen que esconde un patrimonio multimillonario de origen espurio. Por eso, hace más de tres años, Norberto Oyarbide, quien tuvo la causa antes de Casanello, le trabó un embargo por 40 millones de pesos que sigue vigente.
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