La Cámara Civil y Comercial analiza la recusación planteada por el Gobierno

Política

La Cámara Civil y Comercial requirió al juez federal Luis Rodríguez que le remita la investigación contra los integrantes de esa sala. El gobierno los acusó por irregualridades en la designación de jueces subrogantes en la causa por la ley de Medios.

La sala de feria de la Cámara Civil y Comercial Federal apura una resolución sobre la recusación planteada por el gobierno en la causa en la que se paralizó el decreto que dispuso la vuelta al Estado del predio de la Sociedad Rural , y como medida preliminar pidió hoy copia de la causa penal en la que están acusados todos los integrantes de ese tribunal.

Fuentes judiciales informaron que la Cámara le envió un oficio al juez federal Luis Rodríguez, para que le remita la investigación contra los siete integrantes del tribunal por presuntas irregularidades en la designación de jueces subrogantes en la causa por la ley de medios.

Se trata de la denuncia penal que hizo el Gobierno en octubre del año pasado contra los camaristas por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario porque dispusieron el sistema de subrogancias semanales en los juzgados de primera instancia del fuero civil y comercial.

La denuncia también abarca supuestas irregularidades en la designación de uno de los jueces de la ley de Medios, Raúl Tettamanti, mediante un sorteo con papeles.

Antes de fin de año, el fiscal federal Gerardo Di Masi requirió abrir la investigación contra los camaristas y el juez Rodríguez avanzó con la pesquisa al pedir  informes de la Cámara con los antecedentes de los casos.

Además, la Corte Suprema le envió el régimen de subrogancias, según indicaron las fuentes.

La recusación debe ser resuelta por los jueces de feria, Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina, quienes la semana pasada frenaron la vuelta del predio al Estado.

Antes de resolver, los camaristas van a analizar el estado de la causa penal y luego definirán sobre los planteos del gobierno.

Los jueces revocaron la semana pasada una decisión de primera instancia y dictaron una medida cautelar que frenó el decreto del Gobierno por el cual se dispuso que el predio debe volver  al Estado.

Luego el gobierno recusó a los camaristas y pidió el pase de la causa al fuero contencioso administrativo federal, que también debe ser resuelto en los próximos días.

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