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En medio de la crisis, Bonfatti intenta recuperar el control de la policía

Política

Por segunda vez en apenas cuatro meses, el gobernador de Santa Fe se ve obligado a descabezar a la cúpula de la policía provincial en medio de las fuertes críticas por supuestos nexos con el narcotráfico y el aumento de la inseguridad.

En medio de la crisis, Bonfatti intenta recuperar el control de la policía
Garantizar seguridad, recuperar el control político de la policía provincial y desarmar el complejo entramado de complicidades que existen entre ese cuerpo y las redes de narcotráfico parecen haberse convertido en los desafíos que mantienen en vilo al gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti.

Aunque desde el oficialismo provincial se encargaron de atribuir las duras críticas a la gestión de Bonfatti en materia de seguridad a intencionalidades políticas, por segunda vez en menos de cuatro meses el gobernador se vió obligado a descabezar la cúpula de la policía provincial.

El ministro de Seguridad santafesino, Raúl Lamberto, dispuso este lunes el relevamiento del jefe de la policía provincial Cristian Sola -investigado por enriquecimiento ilícito- y de su segundo, José Luis Romitti.  El propio Sola había accedido a la jefatura tras el apartamiento de Hugo Tognoli en octubre pasado en medio del escándalo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Aquella medida no había logrado satisfacer a los críticos del gobierno, que aseguraban que Sola, hombre de Tognoli, lejos de expresar el anhelado cambio, significaba continuidad.

La crisis de seguridad en Santa Fe se vio reflejada casi de inmediato en la arena política y tanto desde el gobernante Frente Progresista como desde el kirchnerismo cruzaron acusaciones. El puntapié inicial lo dio el diputado Andrés "Cuervo" Larroque cuando en medio del debate legislativo por el voto a los 16 en noviembre pasado, calificó de "narco socialismo" a la fuerza gobernante en Santa Fe .

Tras el apartamiento de Tognoli también fue desplazado de su cargo Oscar Romero, jefe de la Brigada Rosario de la Dirección de Control y Prevención de Adicción (Ex Drogas Peligrosas) acusado de brindar protección a narcotraficantes, dando cuenta de la compleja situación en que se encuentra inmersa la policía provincial.

En las últimas semanas tres marchas, de familiares de las víctimas de la inseguridad, organizaciones sociales y políticas y cerca de medio centenar de intendentes y jefes comunales, reclamaron a Bonfatti mayor seguridad en las puertas de la gobernación.

El oficialismo provincial atribuyó las críticas "al oportunismo político" y aseguraron que se trató de "una campaña de desprestigio" en un año electoral. A pesar de ello el gobierno socialista en Santa Fe tuvo que tomar medidas y avanzó en este nuevo descabezamiento de su fuerza policial.

El propio Lamberto tuvo que concurrir a la Legislatura provincial a brindar respuestas y debió aceptar que existía corrupción en la policía de Santa Fe y que nada se podía mientras siguieran "existiendo las cajas negras". "Estamos en una situación en donde necesitamos retomar el mando, el control y la disciplina de las fuerzas", admitió Lamberto.

Tras la interpelación de Lamberto el kirchnerismo aseguró que el gobierno santafesino carece de una política de Seguridad y cargó con dureza contra Bonfatti y su antecesor, el líder del Frente Amplio Progresista y ex candidato presidencial, Hermes Binner a quienes acusaron de renunciar al control político de la policía y otorgarle a esa fuerza el autogobierno.

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, celebró la medida del Ejecutivo santafesino aunque aseguró que "se podría haber hecho antes, es lo que veníamos reclamando desde hace 120 días. Que los jefes policiales que estaban vinculados a Tognoli no ocupen más cargos de relevancia en la estructura de la policía provincial".

En la misma línea se pronunció Leandro Busatto, diputado provincial kirchnerista, quien aseguró a minutouno.com "se trata de un buen gesto" pero advirtió que la provincia debe recuperar "el control político de la policía".

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