Schiavi quedó imputado por "irregularidades" en el control de la SUBE
La medida fue tomada por el fiscal federal Ramiro González. Imputó también a otros funcionarios de Transporte.
En tanto, el fiscal solicitó que la AFIP entregue informes sobre cada una de las empresas que conforman la UTE, integrada por las empresas Global Infraestructure (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA, Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad Anónima de Servicios Profesionales y González Fischer & Asociados SA, y fue conformada mientras estaba en marcha el proceso de licitación, por lo que se sospecha que fue creada exclusivamente para eso y que se sabía que iba a obtener el contrato.
GI, con sede en Reino Unido, tiene domicilios inexistentes según investigaciones periodísticas, y su director, Stephen Chandler, fue nombrado para trabajar en el país en la SUBE pero nunca estuvo aquí y negó haber firmado el contrato para controlar el funcionamiento de la tarjeta.
También se conoció que la Secretaría de Transporte habría contratado empleados "fantasmas" con salarios de entre 24 y 60 mil dólares y el fiscal pidió que dos de ellos, Marcela Ashley y Steve Beer, sean citados a declarar como testigos.
Además, solicitó que declaren como testigos los directores de las 10 empresas restantes que se presentaron a la licitación, entre otras medidas de prueba que no fueron reveladas, ya que incluyen diligencias en Inglaterra.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario