Sobreseen a policías por la causa Indoamericano

Son miembros de la Federal y la Metropolitana que eran investigados por los incidentes.

La Justicia sobreseyó este lunes a once miembros de la Policía Federal, a 33 de la Metropolitana y a una jueza en una causa donde se investiga su responsabilidad por los hechos ocurridos en la toma del Parque Indoamericano de esta capital, en 2010, y en cuyo marco murieron dos personas.



La medida fue dispuesta por el juez de instrucción Eliseo Otero, en favor de los efectivos imputados por la fiscalía por la muerte con postas de plomo de dos personas durante el violento desalojo del Parque Indoamericano del barrio porteño de Villa Soldati, el 7 de diciembre del 2010.

El magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 9, eximió también de toda responsabilidad a su colega porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo, y sostuvo que ”la presente causa no afecta el buen nombre y honor del que gozaran” todos los beneficiados por su medida.

El juez descalificó la investigación realizada por la fiscalía a cargo de Sandro Abraldes, y aludió a su “incapacidad” para dar con los autores materiales” de las muertes y de producir una “acusación genérica”.

Entre los sobreseídos figuran los comisarios de la Policía Federal Roberto Agustín Palavecino, Hugo Ernesto Lompizano, Juan Antonio Quintero y Emilio Ramón Miragaya.

Mientras que de la Metropolitana figuran el comisario mayor Ricardo Ferron, el inspector Diego Castillo, subinspectores Mario Barrionuevo, Hugo Sánchez, Rubén Boonstra, Claudio Maeso y Víctor Germán Petraitis; y decenas de oficiales participantes del operativo desplegado bajo el paraguas de la orden de la jueza Nazar.

En el desalojo, realizado por efectivos de las policías Metropolitana y Federal, murieron baleados con balas de plomo compatibles con las que disparan la escopetas policiales, la boliviana Rossemary Chura Puña, y el paraguayo Bernardo Salgueiro. En la represión fueron heridos también a Wilson Ramón Fernández Pietro, Emanuel Maximiliano Ríos, José Ronald Meruvia Guzmán, Miguel Angel Monotoya, John Alejandro Duré Mora y Juan Segundo Aráoz.

Por la responsabilidad conjunta en la represión, Abraldes había apartado a la Federal de la investigación y pedido el auxilio de la Gendarmeria para las pericias balísticas.

En su fallo, Otero encomendó a “personal de la Prefectura Naval Argentina la individualización de los autores del hecho aquí investigado”, y prometió “impartirle las directivas específicas que el caso amerita”.

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