Además del pedido de captura internacional, también es buscado por las fuerzas de seguridad argentinas.
Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi
Las cuatro fuerzas de seguridad buscaban dentro del país a los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo
Ramón de Marchi, quienes se fugaron del Hospital Militar Central el
jueves por la noche, en tanto que también se libró un pedido de captura
internacional.
Fuentes del Gobierno revelaron que apenas se
conoció la fuga de ambos, se alertó a la Policía Federal, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
para llevar a cabo un plan de custodia en todo el país, sobre todo en
las fronteras y aeropuertos.
"Los medios se enteraron después, pero apenas se fugaron se implementó
un gran operativo de seguridad para custodiar las fronteras. Por eso es
imposible que se hayan podido escapar. Están en algún lugar de la
Argentina, creemos que no muy lejos de donde se escaparon", advirtieron
las fuentes.
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De todas maneras, Interpol emitió el pedido de captura internacional para los dos represores. A la vez, continúan las averiguaciones para determinar quiénes fueron
los responsables de haber facilitado la fuga y una de las personas que
estaría siendo investigada es la esposa de Olivera, Marta Ravassi, quien
se desempeña como psicóloga del Hospital Militar Central, al tiempo que
la mira est puesta en la anuencia de uno de los jueces intervinientes.
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Ravassi fue pasada a disponibilidad junto a otros siete militares por el
Ministerio de Defensa, que encabeza Agustín Rossi, al tiempo que la
cartera de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es Julio Alak, tomó
idéntica decisión con ocho agentes penitenciarios encargados del
traslado de los prófugos.
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En tanto, el Ministerio de Justicia también dispuso una recompensa de
dos millones de pesos por cada uno de los represores, para quien aporte
datos sobre sus respectivos paraderos.
La Justicia allanó este viernes el Hospital Militar para secuestrar las
historias clínicas de los prófugos y las filmaciones de seguridad con el
fin de reconstruir los hechos.
Intervienen en la investigación de la fuga el juez federal Claudio
Bonadio, por una denuncia del Gobierno, y el juez correccional Raúl
García.
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