El Foro Discapacidad acusa al Gobierno de "desinformar" y aclara la diferencia entre CUD y pensiones
Uno de los puntos centrales de la denuncia contra la administración libertaria es la aclaración de que tener un certificado no equivale a recibir dinero del Estado.
A través de una dura gacetilla, el Foro de Discapacidad acusó a la gestión de Javier Milei de intentar confundir a la opinión pública tras los recientes anuncios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según la organización, el Gobierno busca instalar la idea de un "curro" masivo mezclando conceptos técnicos diferentes para justificar el ajuste en el sector tras el rechazo parlamentario al Presupuesto 2026.
El conflicto estalló luego de que las autoridades libertarias informaran la detección de 178.000 certificados de discapacidad (CUD) pertenecientes a personas fallecidas. Desde el Foro aseguran que esta noticia es una "maniobra de distracción" y exigen aclaraciones urgentes sobre cómo funciona el sistema.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aclaración de que tener un certificado no equivale a recibir dinero del Estado. El Foro resalta dos conceptos que el discurso oficial estaría omitiendo: el CUD no es un cobro y los requisitos para la pensión.
Por un lado, poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD) solo acredita la discapacidad para acceder a derechos y prestaciones de salud, pero no implica cobrar una pensión. Miles de personas tienen CUD y no reciben subsidios.
En tanto, para acceder a una pensión no contributiva no se exige el CUD, sino el Certificado Médico Obligatorio (CMO), el cual es emitido y firmado exclusivamente por hospitales públicos.
Sospechas sobre la auditoría y el RENAPER
El Foro calificó como "llamativo y sospechoso" que esta información surja justo después de que 123 diputados rechazaran el intento del Gobierno de derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Asimismo, cuestionaron la eficiencia del Estado. "Cuando una persona fallece, el RENAPER debe informar a los organismos. Que luego de dos años de gestión recién lleguen a esta conclusión evidencia graves falencias en la articulación de padrones entre ANDIS y el Registro de las Personas", fustigaron.
A su vez, el comunicado también rechaza la intención de vincular a los prestadores (terapistas, centros de día, transportistas) con supuestas facturaciones irregulares, ya que organismos como PAMI, Incluir Salud y obras sociales deben autorizar mensualmente las prestaciones.
Además, de existir facturaciones a fallecidos, los organismos de control deberían haberlo detectado de inmediato. "Se busca instalar sospechas generalizadas para ensuciar a todo el sector", denunciaron.
Finalmente, el Foro de Discapacidad exigió que la ANDIS presente datos concretos sobre el supuesto perjuicio económico y que los funcionarios resguarden la reputación de las personas con discapacidad.
"La estrategia de este Gobierno ha sido ensuciar el debate público, generando desconfianza hacia los sectores que decide desvalorizar", concluye el comunicado, advirtiendo que la "estigmatización" solo busca preparar el terreno para nuevos recortes en el área.
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