La iniciativa fue presentada hace una semana por el gobernador José Alperovich. Ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo.
Contra la trata de personas
La Legislatura tucumana aprobó este miércoles un proyecto de ley para prohibir el funcionamiento de prostíbulos en la provincia. La iniciativa, presentada hace una semana por el gobernador José Alperovich, tendrá que ser promulgada por el Poder Ejecutivo para que comience a regir como ley.
El proyecto que busca ponerle fin al funcionamiento de los prostíbulos tiene como objetivo combatir la trata de personas, en una provincia con el recuerdo latente a 10 años de la desaparición de Marita Verón.
Las comisiones de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia le dieron el visto bueno al texto que fue debatido este miércoles y aprobado por el cuerpo.
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La iniciativa, que consta de 11 artículos, prohíbe en todo el territorio provincial el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.
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Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá "la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello", según señala el texto.
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También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley, que se conoce como "Prostíbulos cero".
Uno de los artículos establece que "en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria".
Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
La iniciativa oficialista implica graves penas para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena (hasta 60 días de arresto), y que las sanciones no puedan ser subsanadas mediante el pago de una multa.
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