Buscan sancionar a policías que "abandonen injustificadamente" el servicio

Sociedad

El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que se tratará durante las sesiones extraordinarias.

El Gobierno buscará que se apruebe en el Congreso, durante las sesiones extraordinarias, un proyecto de ley para sancionar a los integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que "abandonen injustificadamente" el servicio, como cuando recientemente se acuartelaron en reclamo de mejoras salariales.

La iniciativa, que busca sustituir el artículo 252 del Código Penal, fue incluida en el temario propuesto por el Poder Ejecutivo para ser tratado durante las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas hasta el 31 de este mes, según el decreto 2167 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El proyecto en contra de las protestas es impulsado por el senador Aníbal Fernández. En diálogo con la prensa, explicó que redactó el texto para evitar paros en las fuerzas de seguridad, como los que redundaron en violentos saqueos generalizados, con un saldo de 15 muertos.

"No queremos que se sindicalicen los policías. No pueden dejar al descubierto a los ciudadanos. No pueden hacer el bochorno que se vio estos días", sostuvo Fernández, quien presentó hoy el proyecto en la Cámara alta.

El senador aclaró que no cuestiona el reclamo, el cual "puede ser legítimo" pero, dijo, "lo que cuestiono severamente es la forma. Tienen que respetar la democracia".

Además, señaló que para canalizar los pedidos de las fuerzas de seguridad "tiene que haber una alternativa en términos administrativos". "La democracia se debe una reforma de todas las policías", resumió.

Su propuesta propone incorporar "penas específicas para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados".

La medida llega como respuesta de la serie de protestas policiales en reclamo de aumentos salariales que se repitieron en varias provincias, luego del acuartelamiento iniciado en Córdoba dos semanas atrás, y que dio lugar a saqueos ante la falta de patrullaje de efectivos de seguridad.

Los saqueos registrados en varios distritos dejaron un saldo de al menos 14 personas muertas, la mayoría de las cuáles fueron en Tucumán donde tuvieron lugar los episodios de mayor violencia.

Además, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartó esta mañana la creación de un fondo federal para financiar los aumentos policiales concedidos por las provincias para aplacar las protestas que se sucedieron en casi todo el país y que dejaron al menos 14 muertos, tal como lo sugirió el gobernador cordobés, José Manuel De la Sota.

En su habitual conferencia de prensa matutina, Capitanich señaló que "cada una de las jurisdicciones provinciales dispone de sus fuentes de financiamiento para atender la política salarial de su administración" y puso como ejemplo la reforma impositiva que realizó el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri.

Sin embargo, el funcionario había manifestado que el Gobierno prorrogará "por un trimestre" los vencimientos "en materia de capital y servicios de deuda" de las provincias con la Nación.


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