Postergan la definición sobre la competencia en la causa de la toma de Lugano
La jueza Gabriela López Iñiguez evaluará si la Justicia penal porteña es competente para investigar la ocupación ilegal mañana, cuando analice la prueba que presentó la Fiscalía.
En la audiencia, la fiscalía porteña pidió que la jueza se declare incompetente y que la causa pase al fuero nacional, ya que consideró que la toma del predio del Lugano configuraría el delito de "asociación ilícita" en lugar de la actual calificación de "usurpación".
Para ello presentó pruebas a las que la jueza consideró "inadmisibles" por estar presentadas "fuera de tiempo y forma" y convocó a una nueva audiencia para el miércoles próximo, en la que deberán concurrir el Procurador General de la Ciudad Julio Conte Grand y el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor.
Las pruebas pretendían justificar que se había configurado una asociación ilícita antes de la toma del predio de Fernández de la Cruz y Pola, ocurrida el 24 de febrero, con el fin de que se ocupen las tierras para luego venderlas a la gente de la propia villa con el propósito de obtener una ganancia.
Luis Duacastaella, defensor adjunto del pueblo porteño y representante legal de los ocupantes, dijo a la agencia Telam: "Nos pareció inadmisible que la fiscalía pretenda justificar una asociación ilícita con los mismos ocupantes a quienes se los censó para incluirlos en un plan de viviendas".
Juan Manuel Di Teodoro, abogado de Marta Yané, una de las imputadas como "partícipe necesario" en la toma, consideró que "si se hace lugar al planteo de la fiscalía sería un retroceso para la Justicia porteña. Esto es una maniobra de la fiscalía para disimular la deficiencia en la investigación y la falta de acreditación de los hechos".
El letrado opinó que esta investigación "ni siquera es usurpación porque fue producto de una cadena de hechos que comenzaron con las promesas incumplidas de urbanización de la villa 20 y la construcción de viviendas tras la toma del parque Indoamericano. Si todo esto se hubiera cumplido no habría toma en Lugano".
La jueza dio un plazo a la Mesa de Crisis, integrada por el gobierno porteño, la asesoría tutelar de menores y la Defensoría del Pueblo, para que el 12 de junio le eleve un informe sobre las actuaciones que lleva adelante en el marco del acuerdo por la urbanización de la villa.
Si López Iñiguez se declara incompetente y se cambia la calificación del delito de usurpación por asociación ilícita, las penas para los dirigentes detenidos con prisión preventiva serían mucho más graves.
De acuerdo al relevamiento, unas 1.800 personas, 700 familias, se encuentran en el predio de más de diez hectáreas desde el 24 de febrero pasado, cuando en su mayoría habitantes de la villa 20, lindera con estos terrenos, decidieron ocuparlos ante la falta de viviendas.
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