Once: dos grupos de familiares arreglaron con TBA y dejaron de ser querellantes en el juicio
La empresa alcanzó un acuerdo extrajudicial con el grupo de familiares que estaba representado por los abogados María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, que renunció así a ser parte de la acusación en el juicio que comienza hoy.
Los familiares de víctimas que firmaron el acuerdo lo hicieron por el consentimiento que ellos mismos dieron, "por derecho propio" y debido a la situación social que afronta cada uno de los firmantes, según explicaron las fuentes.
La suma de los arreglos "es confidencial", y esos grupos dejaron de ser acusadores. El artículo 1097 del Código Civil dice que "si renunciaron a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño, se tendrá por renunciada la acción criminal".
El juicio se realizará aunque se diera la hipótesis de que todas las querellas llegaran a un acuerdo, ya que la fiscalía ejercerá su rol acusador a cargo del fiscal Fernando Arrigo.
Según los escritos presentados ante el Tribunal Oral Federal 2, que llevará adelante el juicio, los letrados informan que sus representados "han sido desinteresados por los daños sufridos con motivo de los hechos de autos en el marco de las respectivas causas civiles, lo que conforme el artículo 1097 del Código Civil la pérdida de la condición de querellantes por renuncia a la acción penal".
En la lista de acusados están los ex funcionarios que estuvieron a cargo del área de Transporte del gobierno nacional desde 2003 y responsables de los controles sobre las empresas, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Eduardo Sícaro; Antonio Guillermo Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, y Pedro Ochoa Romero, ex interventor de la CNRT.
Entre los empresarios serán juzgados Sergio y Mario Cirigliano, responsables de TBA, el presidente Carlo Michele Ferrari, su apoderado Carlos Alberto Lluch, además de los ejecutivos de las empresas controlantes y controladas por el grupo.
Los funcionarios y los empresarios serán juzgados por el delito de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y el maquinista Marcos Córdoba, solo por el estrago, por la conducción supuestamente negligente de la formación.
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