CABA: ordenan reabrir causa por irregularidades en distribución de vacunas

Lijo emitió órdenes de presentación y mandó a la Gendarmería después de que el fiscal Carlos Stornelli impulsara las denuncias que se presentaron el martes por la mañana y dejara así imputados tanto a Larreta, como a Quirós.

La denunciante es Natalia Salvo, la abogada que patrocina a Pedro Etchebest, el productor agropecuario que lo denunció por extorsionarlo junto con Marcelo Sebastián D’Alessio y dio inicio así a la mega investigación de espionaje que lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores.

En el escrito, Salvo apuntaba al Ministerio de Salud porteño, por haber firmado por orden de Rodríguez Larreta convenios con entidades privadas para favorecer, por un lado, la vacunación de quienes están asociados a esas entidades y, por otro, para dar acceso a grupos que no son prioritarios en la vacunación. El Gobierno porteño reconoce haber firmado convenio con siete entidades privadas y dijo que había hecho la misma oferta a todas las obras sociales y prepagas.

Sin embargo el sesgo de los acuerdos es evidente. La titular del Pami, Luana Volnovich, denunció que Ciudad jamás convocó a la obra social de los jubilados para esos convenios. “La duda viene porque parece que se elige a unos sí y a otros no. Me preocupa que un afiliado de una prepaga acceda a la vacuna y un afiliado del PAMI no", dijo Volnovich en una entrevista con la AM750. El PAMI tiene 100.000 afiliados y afiliadas mayores de 80 en la Ciudad -- el grupo etáreo que se está vacunando actualmente -- y 300.000 mayores de 70. No sería una obra social a la cual la Ciudad debería obviar, si se trata de ampliar el alcance, como se sostuvo desde la administración porteña.

En el juzgado de Lijo acumularon la denuncia de Salvo con otra presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que sostenía que en Ciudad se favorecía la vacunación de partidarios, amigos y familiares. En su presentación hacía foco en la situación en la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, a la que presentaba como un comité de la Unión Cívica Radical, y la ligaba a Raquel Herrero, que ejerce como auditora general de la Ciudad y está vinculada a ese partido.