Un fiscal fue condenado a pagar $1,4 millones por violencia de género

Sociedad

Juan Carlos Alessandra deberá a indemnizar a una agente judicial con la que tuvo una relación amorosa y a su hijo, al que no reconoció pese al ADN positivo.

La Justicia Civil condenó al fiscal Juan Carlos Alessandra a pagar una indemnización de $1,4 millones por haber ejercido violencia de género contra una empleada judicial con la que mantuvo una relación amorosa y por no reconocer a su hijo.

La jueza María Luz Coussirat consideró que el fiscal instigó a la mujer a abortar y que más tarde se valió de su posición laboral de privilegio para presionarla y negarle el traslado a un nuevo destino laboral. La identidad de la demandante se mantiene en reserva para preservar su integridad así como la de su hijo, que ya tiene 8 años y lleva el apellido materno.

La mujer se desempeñaba como auxiliar de la fiscalía de la ciudad mendocina de Godoy Cruz que estaba a cargo de Alessandra, y contó que comenzó a trabajar allí en el 2010 y que dos años después quedó embarazada del fiscal, producto de una relación sentimental que mantenían secreta.

Ante la Justicia Civil reclamó una indemnización total de $950.000 que se disgregan de este modo: $550.000 por daño moral y psicológico sufridos por ella y el hijo y $400.000 por los alimentos adeudados desde que nació el chico hasta que Alessandra comenzó a pagarlos en la Justicia de Familia vía acuerdo extrajudicial.

En el fallo la jueza Coussirat señala: "Teniendo en cuenta la prueba analizada y habiéndose acreditado la violencia psicológica en el ámbito laboral ejercida por el Sr. Alessandra en contra de la actora (la demandante), resulta claro que con ellos se perturbó la tranquilidad de espírítu de la accionante quién no sólo debió soportar la presión y hostigamiento por parte del demandado sino que también debido a ello debió padecer el traslado del lugar donde trabajaba servicio, transitar una actuación administrativa a fin de hacer conocer lo sucedido e iniciar procesos judiciales por filiación y alimentos".

"Una clara perturbación a la tranquilidad de espíritu que aún cuando no haya generado incapacidad psicológica permanente debió someterla a estados de angustia temor e incertidumbre que lógicamente, merecen reparación", agregó.

Para arribar a una sentencia con perspectiva de género la magistrada también consideró que la empleada judicial haya llevado más de 7 años reclamando y por ello "teniendo que padecer diversos modos de violencia".

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