YO NO EXCARCELÉ A LOS ASESINOS DE CABEZAS

Presentado como “un caso que casi todos juramos no olvidar”, el noticiero de Canal 13 dividió en dos el tiempo transcurrido desde la madrugada del 25 de enero de 1997, cuando Cabezas fue secuestrado, baleado e incinerado en Pinamar. Los primeros cinco años fueron catalogados como los del “control público sobre la investigación judicial”. Al lustro siguiente, lo llamaron la etapa “del olvido”.

La voz del locutor en off pega en el centro de mi conciencia ciudadana: “Durante cinco años, Cabezas estuvo presente en un país que clamó por la verdad. El tiempo fue diluyendo exigencias y fuimos ausentando a Cabezas de nuestra agenda. En estos últimos cinco años pocos volvieron a acordarse de él y los condenados dejaron la cárcel y volvieron a la sociedad. Pasaron diez años y, a juzgar por las respuestas del Estado, José Luis Cabezas está ausente”.

Mientras lo escucho, sé que tiene razón. Y me da bronca que esté en lo cierto. Vivimos en un país donde la movilización popular no es garantía de que se haga justicia pero donde sin ella, las chances de que los crímenes queden impunes se multiplican hasta el infinito. Esta vez, la verdad no sólo es triste sino que, además, debería tener remedio. Es necesario que lo tenga porque así, no podemos seguir viviendo. La memoria es un deber de los pueblos, la única herramienta para que los horrores de la historia no se repitan. En cambio, la obligación de vivir en un estado de movilización callejera y mediática permanente a fin de que el Estado cumpla con su deber de aplicar la ley en tiempo y forma es una exigencia perversa e inhumana.

En la pantalla, desfilan las imágenes de la época donde “la presión popular” se hacía sentir a pleno. Como tantos otros argentinos, me recuerdo en las manifestaciones con pancartas imperativas “No se olviden de Cabezas”, cámaras fotográficas sostenidas en alto, carteles que chillaban “Basta de impunidad”, globos negros lanzados al cielo para exigir justicia en esta Tierra.

Ahora el televisor me enrostra “los segundos cinco años, los del olvido”. Y, como tantos otros argentinos, no puedo recordarme en marcha alguna. ¿Me olvidé de Cabezas?, me pregunto. ¿Nos olvidamos de Cabezas, todos los hombres y mujeres de a pie a los que el crimen del reportero gráfico nos despertó una santa indignación? Y mi respuesta sincera es que no; que no lo olvidé, que no lo olvidamos. Y la confirmación de que José Luis sigue presente en la memoria colectiva nos la trae la propia tele, con la madre de la víctima diciendo que donde quiera que vaya, la gente la abraza, la acaricia, la compadece. “Me ponen mal y se ponen mal”, explica, y se pregunta por qué los jueces son tan distintos de “la gente”.

Y cuando Norma Cabezas dice “la gente” vos y yo sabemos que está hablando de nosotros. “La gente”: así llaman en la Argentina a los millones de personas que no detentamos el poder político ni el económico ni el mediático, los que no tenemos acceso al laberinto del lobby ni a la pasarela de la fama, los que ostentamos con orgullo el discretísimo mérito de contribuir al bienestar general cumpliendo con nuestro trabajo lo mejor posible, siendo honrados y tendiéndole una mano al prójimo cuando la necesita.

Todos nosotros somos la gente, esa que tras el asesinato de Cabezas se dedicó durante cinco años a ejercer “el control público sobre la investigación judicial”, como dice Telenoche, manifestándose en las calles y batiendo el parche en los medios. Esa misma gente que cuando se produjo el homicidio del fotógrafo llevaba ya cuatro años y diez meses exigiéndole al Estado, también en las calles y en los medios, que encontrara, juzgara y condenara a los culpables del atentado contra la Embajada de Israel. Somos los mismos que para entonces habíamos cumplido más de dos años y medio en la gimnasia de ejercer “el control público sobre la investigación” de la masacre en la AMIA. Los mismos que después del homicidio de Cabezas y hasta el día de hoy seguimos cargando sobre nuestras espaldas más víctimas y más marchas para que sus crímenes no queden impunes: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los muertos por el gatillo fácil, por la inseguridad, por el incendio del boliche República de Cromagnon, y por tantas otras acciones aberrantes.

Los ciudadanos de bien no olvidamos a José Luis ni a ninguna de las víctimas inocentes. Tenemos el deber moral de recordarlos. Pero me niego a aceptar que la inoperancia del Estado nos condene a vivir en un estado de alerta y movilización permanente para que las causas judiciales avancen sin chicanas, ni canchas embarradas ni demoras imperdonables. ¿O acaso dejó de ser cierto que en el sistema republicano los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes? ¿Dónde está escrito que si en un país democrático los asesinos están libres la culpa es de la gente porque no pasa sus días y sus noches en las plazas o plantada frente a las cámaras de televisión?

Digámoslo con todas las letras: vos y yo no asesinamos a Cabezas, ni a las víctimas del atentado a la AMIA, ni a los hijos de las madres del dolor, ni a los chicos de Cromagnon, ni a los sepultados bajo los escombros de la Embajada de Israel, ni a los niños devorados por la desnutrición, ni a los acribillados en una salidera bancaria. Ni vos ni yo excarcelamos a los culpables del homicidio de José Luis. En un país civilizado, es inadmisible que el contralor último del desempeño de los jueces tengamos que ejercerlo los ciudadanos montando guardia en las calles y en los medios.