Las protestas reavivaron el debate por la sindicalización de la Policía

En esta ocasión, desde la primera protesta salarial y acuartelamiento en la provincia de Córdoba, los principales referentes del sindicalismo dieron su respaldo al reclamo, aunque rechazaron el método de la protesta y adujeron que apoyan una eventual agremiación pero que debería limitarse el derecho a huelga. Lo repitieron, en dosis similares y con mínimas diferencias, Hugo Yasky, Hugo Moyano –que apadrina un sindicato policial al que el ministerio de Trabajo le niega la personería legal-, Antonio Caló y el diputado sindicalista Víctor De Gennaro, que ha presentado incluso un proyecto de ley en esa dirección.

Lo cierto es que la Constitución Nacional avala la agremiación de todos los trabajadores y, como explica el constitucionalista y docente universitario Roberto Boico, "la Organización Internacional del Trabajo estableció parámetros para que se avale la sindicalización de las Fuerzas de Seguridad, pero deja en manos de cada Estado su prohibición o permiso, debido a que es entendida la trascendencia del servicio que brindan". También avala, en caso de permiso para la agremiación de los efectivos, la limitación –en la reglamentación de la legislación- del derecho a huelga en casos excepcionales como la seguridad o la salud. En la Argentina, el Ministerio de Trabajo opta por no conceder el permiso a las asociaciones existentes.

Boico explicó a minutouno.com que la huelga "siempre es violenta, pero ejercida con razonabilidad y legitimidad es avalada por la Constitución para que los trabajadores hagan sus reclamos en un sistema capitalista", y advirtió: "Cuando la ejercen trabajadores a los que el Estado arma para protección y seguridad de la ciudadanía, no puede admitirse nunca la huelga.  La sindicalización es posible pero con la restricción absoluta de la huelga".

En el mismo sentido se manifestó el diputado provincial por Santa Fe, Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), quien presentara en 2012 un proyecto de ley para que se modifique la ley orgánica provincial y se elimine la prohibición de la sindicalización de las fuerzas de seguridad. "Creemos que hay necesidad de generar canales orgánicos y representación legitimada para dialogar con las fuerzas, si no se producen estas situaciones anárquicas", explicó a este medio.

Sin embargo, aclaró que "el límite en este tema es la huelga y, aunque es una contradicción porque la Constitución garantiza ese derecho, este es un servicio público esencial –que está por encima incluso de otros- y se debe restringir en forma absoluta ese derecho".

La opción al modelo de protesta tradicional de los trabajadores que mencionó Toniolli como una de las alternativas es la empleada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la que se erige un abogado como control civil en el puesto de Defensor del Policía –una suerte de ombudsman policial- que debe canalizar los reclamos y velar por las condiciones laborales.

Sería el "interlocutor válido" al que refieren tanto Toniolli como Boico al referirse a la necesidad de diálogo y acuerdos paritarios y laborales para los efectivos de las fuerzas coercitivas. El creador de dicha figura y primer titular de la PSA en 2006, Marcelo Saín -actual legislador bonaerense-, sostiene que es necesario el proceso de agremiación y negociación colectiva porque la precariedad laboral es real, pero insiste en la canalización "civil" para ir en contra de los viejos mecanismos de militarización y subordinación jerárquica que predominan en las fuerzas de seguridad. También aduce que, en la actualidad, los efectivos "no son trabajadores". 

Además, Saín –que ha trabajado en el proyecto de las policías municipales-  tiene un proyecto para llevar adelante la sindicalización policial en el que se estipula la restricción del derecho a huelga por tratarse de un servicio esencial.

Boico no está tan seguro de la existencia de sindicatos policiales: "No tengo postura tomada sobre sindicalización. Los reclamos pueden ser legítimos, pero la policía debe estar subordinada al poder político. Si la sindicalización hace que la policía discuta la política de seguridad no sirve y no se puede permitir, tiene que estar subordinada a quién le entrega las armas. Si está ceñida únicamente a establecer grupos de trabajo para negociar condiciones laborales, podría pensarse en un modelo".

Para Toniolli, "no se puede discutir sindicalización sin discutir en marco de reforma integral de la fuerza porque si no alimentamos vocación corporativa y el autogobierno de las fuerzas" y explica que su proyecto fue presentado "en el marco integral de una reforma en la política de seguridad, para fortalecer la conducción política y el control social de la fuerza".

Brian Majlin