El máximo tribunal de Justicia demoró hasta el 15 de febrero la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, tras considerar que "no es posible" hacerlo "de inmediato" por la cantidad "medios humanos y materiales" que involucra.
La decisión de postergar a hasta mitad de febrero la transferencia dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 256/2015 firmado por el Presidente y todos sus ministros, y publicado hoy en el Boletín Oficial, fue tomada durante la habitual reunión de Acuerdo que realizan los martes los ministros de la Corte.

En una acordada firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte analizó hoy los alcances del DNU "256/2015, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional" .
En ese texto se "dispuso la transferencia del Departamento de Interceptación Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección General de Investigaciones Apoyo Tecnológico la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público, su personal, sus bienes su presupuesto la órbita de esta Corte Suprema, como único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas ordenadas por la autoridad judicial competente (arts. 1° 2°)".
"Para poder dar cumplimiento lo previsto en el decreto referido es necesario crear una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada controlar la tarea del personal el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar, firmar suscribir los oficios las empresas responsables de ejecutar las derivaciones de las comunicaciones (art. 22 de la ley 25.520)", se señaló.
La Corte también subrayó que "se requiere, de igual modo, el dictado de la reglamentación encomendada".
"Que la adopción de las medidas recientemente descriptas debería ser inmediata en razón de que los cometidos cargo del organismo que se transfiere exigen una respuesta pronta eficaz acorde con la índole de los requerimientos judiciales en la materia", advirtieron.
Según se precisó, "el Tribunal entiende que no es posible llevar adelante de inmediato esa misión, dada su importancia especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos materiales así como una prolija tarea reglamentaria una ordenada transición".
"Tal efecto, se estima necesario postergar hasta el 15 de febrero de 2016 la transferencia dispuesta por el decreto 256/2015. Lo anteriormente expresado lo es sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales", se añadió.
Se ordenó por ultimo comunicar las decisión "al Poder Ejecutivo Nacional, la Procuración General de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal Correccional".