Héctor Lostri, el cuestionado funcionario que ocupó cargos durante la gestión de Macri en la Ciudad, fue acusado de ser un "operador de negocios inmobiliarios", de haberse beneficiado de ellos estando en el gobierno porteño, de negocios incompatibles con la función pública. De una de las causas que iba rumbo al juicio oral logró "zafar" gracias a una probation.
El subsecretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Héctor Lostri, pidió personalmente ser el interventor en Fabricaciones Militares para llevar adelante "la limpieza necesaria". Tal "limpieza" comenzó el 29 de enero pasado cuando, sin mediar aviso previo, la mitad de los trabajadores de la sede de FF.MM. en la sede de la ciudad de Buenos Aires fue despedida.

En medio de la ola de despidos de estatales en la que se afana desde su llegada al poder el gobierno de Mauricio Macri, Lostri dejó trascender que en FF.MM. "habría funcionado un centro de propaganda kirchnerista". Siempre en potencial, dejó trascender además que allí también funcionaba un canal de televisión en el que "se habrían" grabado spots para el kirchnerismo.

Lejos de los potenciales que siempre sirven más para plantar dudas que para ratificar una certeza, lo que no deja lugar a dudas es el pasado oscuro de Lostri que incluyen numerosas denuncias penales y hasta la aceptación de una probation para hacer caer una causa en la que se lo investigaba por negociaciones incompatibles con la función pública.

Lejos de ser sobreseído por la justicia, Lostri evitó ir a juicio oral en una causa en la que se lo investigaba por estar de los dos lados del mostrador. En 2007, recién llegado el gobierno de Macri a la ciudad de Buenos Aires y en medio de los cuestionamientos por varios de los nombramientos de sus funcionarios, entre ellos Lostri, el mismo macrismo admitió la denuncia contra su entonces subsecretario de Planeamiento Urbano pero desestimó la gravedad de la causa al entender que todo había quedado en el pasado gracias a la probation.

La causa que llegó a ser elevada a juicio oral involucraba a Lostri, a su socio en 3S Arquitectura, Rodrigo Cruz y al entonces titular del Consejo del Menor y la Familia durante el gobierno de Carlos Menem, Atilio Álvarez. Entre 1995 y 1998 Álvarez, que tenía un probado vínculo personal con Lostri y Cruz, contrató a 3S Construcciones para remodelar institutos de menores.

Pero las sospechas sobre Lostri no quedaron en esa causa que se zanjó con una probation. Lostri y el entonces ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, ambos arquitectos y macristas de la primera hora eran socios en las empresas 3S Arquitectura y Roosevelt Emprendimientos Inmobiliarios.

En una maniobra similar y a través de Roosevelt Emprendimiento Inmobiliarios, Lostri y Chaín compraron un terreno en Aizpurúa y Roosevelt, muy cerca de donde mucho más tarde comenzó a funcionarla estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte, en Villa Urquiza. La llegada del subte elevó un 20% el precio del metro cuadrado en la zona lo que significó un fabuloso negocio para Lostri y Chaín. Nada objetable hasta el momento si no fuera porque en el área que controlaba Chaín funcionaba la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la encargada de ampliar la red y licitar las obras de su extensión. SBASE además estaba presidida por Juan Pablo Piccardo y tenía a Luis Jahn como vicepresidente y a Daniel Dubinsky como uno de sus directores. Jahn y Dubinsky integraban a su vez el directorio de Roosevelt Emprendimientos Inmobiliarios junto a Chaín y Lostri.

En 2013 Lostri fue denunciado además por incumplimiento en los deberes de funcionario público tras consentir la demolición de un edificio histórico en la avenida San Juan 2820. Según denunciaron legisladores de Proyecto Sur en aquella oportunidad "Lostri incurrió en usurpación de autoridad y negociaciones incompatibles con las funciones públicas".

Y explicaron que el edificio demolido estaba incorporado al Catálogo Preventivo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad.

Lostri, que aparece además como uno de los aportantes a la campaña presidencial de Macri con 60 mil pesos, fue denunciado además por legisladores porteños como un "operador de negocios inmobiliarios".