Un fiscal cuestionó el abuso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Mauricio Macri, aunque desestimó una denuncia penal contra el mandatario al considerar que no hay delito.
El fiscal Federico Delgado sostuvo que esos instrumentos no son ilegales, lo que no significa que sean legítimos. "Si alguna chance tiene la democracia de penetrar capilarmente las relaciones sociales, ella se vincula con el plano de la legitimidad", advirtió el fiscal.

"En otras palabras, la práctica que se denuncia es legal, pero es más difícil sostener que sea legítima", dice uno de los párrafos del dictamen al que tuvo acceso minutouno.com.

En un dictamen, Delgado desestimó una presentación que realizó la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos contra Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña, y demás funcionarios que pudieron haber incurrido en el delito de sedición y abuso de autoridad por impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de uno de los poderes públicos del Gobierno nacional.

Del escrito de presentación se desprende que el núcleo de la denuncia radica en la utilización de Decretos Simples y de Necesidad y Urgencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional en franca violación al artículo 99 de la Constitución Nacional, lo cual a criterio de los denunciantes significa un
claro abuso de poder y el delito de sedición.

En particular, mencionan una serie de decretos que a su criterio infringen derechos económicos, sociales y culturales y consideran que dichos actos representan "una gravedad inusitada que la sedición presidencial y de sus partícipes es el camino para instalar una política oficial de terrorismo de estado gradual y adaptado a los nuevos tiempos, con apariencia de legalidad, confundiendo a la opinión pública con una supuesta contribución a la seguridad de las personas".

Según el fiscal, no hay delito en la utilización de los DNU al señalar que "los comportamientos denunciados no son ilegales, pero ello no otorga legitimidad a los mismos, frente a lo cual cobra especial relevancia la tensión que existe entre legalidad y legitimidad".


"La práctica que se denuncia es legal, pero es más difícil sostener que sea legítima", dijo el fiscal al cuestionar el abuso de la utilización de los DNU. Destacó que "es tan o más importante que sea legítimo, porque en la legitimidad se juega la creencia del ciudadano que es el único combustible que alimenta las prácticas de la interpelada representación política".

Finalmente, el fiscal desestimó la presentación ante la "inexistencia de delito".