Mauro Szeta
Mauro Szeta
La denuncia apunta a determinar si Rubén Baca, titular del juzgado 5, con la complicidad de policías, protegió a "peces gordos" que regentean los prostíbulos en esa zona del sur del Conurbano.
La sospecha surgió cuando la fiscalía 9 de ese distrito, especializada en delitos de trata y explotación sexual, descubrió que "alguien pisaba todas sus investigaciones".

Para ser más claros, cuando la fiscalía estaba por allanar los prostíbulos de la región, el juzgado se adelantaba por su cuenta en investigaciones paralelas que siempre arrojaban el mismo y curioso resultado: "negativo".

La denuncia que hizo la Fiscalía General fue ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte bonaerense.

En la foja 6 de la denuncia que investiga la Corte se señala que el juez "se superpuso en dos investigaciones Penales Preparatorias en curso iniciadas con antelación a su injerencia y de modo tal que, con su entrada en escena, ha tenido entidad como para condicionar negativamente el éxito de las pesquisas penales anteriores y ajenas".

En la denuncia se señala que "el carácter de negativos de los allanamientos del juez Baca impresionan como tendientes a advertir a los sospechados que el ojo de la justicia estaba puesto sobre ellos".

Uno de los ejemplos de la supuesta cobertura a los prostíbulos que se advierte en la denuncia indica que varios de los operativos ordenados por el juez Baca se hacían por la tarde cuando la actividad "obviamente, en los prostíbulos, era nula".

"Hubo falsos allanamientos, mismos policías actuantes, un elenco estable, una puesta en escena", describe la gravísima denuncia de la Fiscalía General. "De esa manera se cumplían las formas para malograr la sustancia", se agrega.

Otro dato que expresa la denuncia es que los allanamientos que siempre daban negativo eran ordenados por el juez "a partir de llamados anónimos".

Lo que se investiga es si el juez Baca con un grupo de policías motivaba allanamientos para que dieran resultado negativo, y de este modo obstruían la investigación lícita de la fiscalía 9, especializada en Trata de Personas y con competencia exclusiva para investigar esa clase de delito.

Otro punto llamativo que revela la denuncia es que en los allanamientos dispuestos por el juez, dos mujeres declararon que no eran explotadas sexualmente sino que alquilaban el lugar para ejercer la prostitución por cuenta personal, lo que no está penado.

"Curiosamente el juez pisaba las investigaciones que llevaba adelante la fiscalía temática. Allanaban apropósito para que diera negativo", se escribe en la denuncia.

"La lógica era montar allanamientos falsos-preacordados para que el lugar no cerrara", declaró un testigo que trabajó de mozo en uno de los locales ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 3000.

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"Uno de los policías que se quedó en el lugar contó que el allanamiento estaba arreglado", sumó la denuncia que investiga la Corte. Mientras tanto el juez sigue en sus funciones en el departamento judicial Lomas de Zamora que abarca los municipios de Lomas, Lanús, Avellaneda, Ezeiza, Esteban Echeverría y Almirante Brown.