El massismo ya advirtió que si no hay cambios en el proyecto de ley antidespidos, que se estudia en comisiones de diputados, irán con su propuesta propia en donde proponen sus modificaciones a favor de las pymes. "Habrá un importante debate en Diputados", adelantó el mismo Sergio Massa.
El bloque de Diputados del Frente Renovador resolvió hoy no acompañar el proyecto de ley antidespidos girado por el Senado y propondrá una iniciativa propia que incluya incentivos para las pymes.


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El massismo resolvió que irá "con dictamen propio" a los debates en comisión de este miércoles y en el recinto "si no hay modificaciones a la ley".

"Seguramente va a haber tres dictámenes, el del oficialismo, el del kirchnerismo que no quiere cambios y el nuestro, porque no nos llevan a patadas ni el gobierno ni los K", aseguraron allegados al líder del espacio, Sergio Massa, tras una reunión de bloque.

Adelantaron también que no participarán de la sesión especial que convoca el Frente para la Victoria, a menos que se incluyan las modificaciones propuestas: el FR propone un paquete de incentivos para que las pymes contraten a jóvenes, mayores de 50 años, discapacitados y beneficiarios de planes sociales.

Este miércoles, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, concurrirá a la Cámara de Diputados para exponer su rechazo a la ley antidespidos que tiene media sanción del Senado, tras lo cual el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda emitirá dictámenes.

La visita de Triaca y la emisión de dictámenes se realizará un día antes de la sesión especial pedida por el Frente para la Victoria-PJ y el trotskismo, que pretenden que la iniciativa que establece la doble indemnización por despidos sin justa causa por seis meses sea aprobada sin cambios, tal como vino del Senado.

Sin embargo, el proyecto podría sufrir modificaciones, algunas de las cuales ya fueron planteadas por el interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA), que conduce Massa, quien pretende que junto a la emergencia ocupacional la ley establezca alivios fiscales para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que sostengan e incrementen su personal.

El interbloque Cambiemos, en cambio, rechaza de cuajo el proyecto aprobado en el Senado por considerar que se trata de una "ley antiempleo" y que los despidos no se enfrentan con trabas legales sino con instrumentos que promuevan la contratación. Sin embargo, estaría dispuesto a aceptar cambios al proyecto para introducir incentivos impositivos y beneficios para las pymes, porque de esa manera se garantiza la dilación del trámite parlamentario ya que si la iniciativa se aprueba con cambios, deberá volver a ser girada al Senado.

El FPV-PJ y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) conseguía la adhesión a su pedido de sesión especial —basta con la firma de diez diputados para realizarse— del presidente del Bloque Justicialista, el sindicalista Oscar Romero (Smata), y esperaba contar con algunos de UNA. Para poder sesionar se requieren 129 diputados (el quórum): al FPV-PJ (81) y la izquierda (4) se sumarán los 17 del Bloque Justicialista, los 8 del Frente Amplio Progresista (FAP), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo), Graciela Caselles (Partido Bloquista de San Juan), Ramón Bernabey (Brigadier General Juan Bautista Bustos) y Carlos Heller (Bloque Solidario), con lo que reunirán 115.

El interbloque massista (37) se reunió para acordar una postura común en medio de diferencias entre sus diputados de extracción sindical, Facundo Moyano (peajes) y Héctor Daer (sanidad), entre otros, y quienes rechazan la iniciativa del Senado, como el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) José Ignacio de Mendiguren.

De los 37 de UNA, deben descontarse cinco cordobeses que responden al exgobernador José Manuel de la Sota, al igual que la bonaerense Clauda Rucci, quienes no suscriben la convocatoria del kirchnerismo y el trotskismo a la sesión especial.

Independientemente de si al proyecto se lo modifica o no, la razón de la iniciativa legislativa es la emergencia ocupacional, lo que supone prohibir los despidos (sector privado) y las cesantías (administración pública), por lo cual su posible aprobación en la sesión especial pedida para el jueves conduciría a un veto presidencial, analizan fuentes parlamentarias.