El gobierno de la alianza Cambiemos realizó una fuerte actualización de los topes en los montos que permiten evitar las licitaciones públicas y habilitó así a sus ministros a avanzar en la contratación directa de servicios. El decreto presidencial elevó los topes más del 700%.
El Gobierno realizó una fuerte actualización de los montos que permiten evitar las licitaciones públicas, por lo cual los funcionarios tendrán más margen para resolver contrataciones directas y licitaciones privadas, entre otras cuestiones.

Según el decreto 690/16, firmado por el presidente Mauricio Macri y publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aumentó de $ 800.000 a $ 6.500.000 el piso a partir del cual los funcionarios públicos están obligados a realizar una licitación pública. La cifra no se actualizaba hace tres años.

Las contrataciones por trámite simplificado se mantendrán en $ 75.000 como máximo. En el caso de contrataciones directas el nuevo límite será de $ 1.300.000 (antes era de $ 200.000). Asimismo, las licitaciones o concursos públicos y privados pasan de $ 800.000 a $ 6.500.000.

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El Gobierno argumentó que con esta modificación "los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general".

La medida establece además los montos máximos para los contratos que los funcionarios podrán firmar según sus categorías. Deberán ser autorizados por el jefe de Gabinete en persona o las máximas autoridades de los organismos descentralizados todos los acuerdos que superen los $ 10.000.000.

Para el gobierno los distintos organismos podrán así "cumplir con mayor celeridad sus objetivos" al no llamar a licitaciones públicas

Cuando la cifra no supere los $ 10.000.000, podrán ser firmados por ministros, funcionarios con su mismo rango y el secretario general de la Presidencia. En tanto que secretarios de la jefatura de Gabinete, de la presidencia, ministerio o funcionarios de nivel equivalente podrán hacerlo por hasta $ 5.000.000.

Los subsecretarios de cada área o funcionarios de nivel equivalente podrán suscribir contratos hasta $ 1.500.000; mientras que directores nacionales, generales o funcionarios de nivel equivalente hasta $ 300.000. Por último, otros funcionarios en los que se delegue la facultad de firmar contrataciones podrán hacerlo hasta $ 100.000.