La Justicia aceptó el amparo presentado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y dispuso la suspensión del aumento de las tarifas de luz, gas y agua potable. La medida alcanza a los hogares, empresas, clubes de barrios y la universidad local. Ya había sido suspendido en La Plata y el interior bonaerense.
La Matanza se convirtió este lunes en el primer partido del Conurbano bonaerense en resistir el fuerte aumento en las tarifas de servicios públicos ya que la Justicia aceptó un amparo presentado por la intendenta local, Verónica Magario.

La resolución establece "la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos" en las facturas que aún no hayan sido emitidas. Las boletas deberán realizarse con el tarifario anterior a los aumentos.

En caso de haberse emitido las facturas y que los usuarios hayan pagado el monto con el aumento, "los importes deberán tenerse por pagados 'a cuenta', reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total".

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La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 10, la jueza Edith Irene Rota, entiende que Verónica Magario en su carácter de intendenta representa a la totalidad del municipio, y que las medidas de aumento "son susceptibles de generar un perjuicio irreparable a los usuarios de los servicios públicos señalados".

En tal sentido, la jueza resolvió en primer lugar declararse incompetente para permitir que el caso se remita a la esfera del Justicia Federal, y al mismo tiempo, "hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la Representante de este Municipio, ordenándose la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos".

Además, la resolución advierte que "si la nueva facturación ordenada no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, las citadas empresas deberán admitir el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad a los incrementos establecidos (...), sin que ello pueda implicar, en modo alguno, la interrupción o alteración de los servicios".

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La semana pasada la Justicia de La Plata había suspendido el aumento de las tarifas de cuatro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires, que no incluían a las del área metropolitana Edenor y Edesur, que prestan servicio a los partidos del Gran Buenos Aires.

El juez Luis Federico Arias ordenó en ese momento un recálculo de los cuadros tarifarios a las empresas Edelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), Edesa (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), Edeasa (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y Eden S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.).