La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que el futbolista brasileño sea juzgado por un delito de corrupción entre particulares por haber engañado al fondo que gestionaba sus derechos federativos cuando fue traspasado del Santos a Barcelona.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pide que el astro brasileño Neymar sea juzgado por un delito de corrupción entre particulares por haber engañado al fondo que gestionaba sus derechos federativos cuando fue traspasado del club Santos a Barcelona, informó hoy la prensa española.

En caso de ser condenado, el delantero 'culé' no ingresaría a prisión ya que la pena aparejada a ese delito es de hasta dos años de prisión, justo por debajo del límite excarcelable. No obstante, podría tener que pagar multas millonarias al fondo brasileño DIS, que poseía el 40% de sus derechos.

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El Ministerio Público también solicita que se sienten en el banquillo de los acusados por los mismos delitos los padres del jugador, el FC Barcelona -como responsable civil-, el ex presidente de la entidad Sandro Rosell y el del Santos, Odilio Rodrigues. Aunque a estos dos últimos se les atribuye ademas un delito de estafa impropia.

En cambio, el Procurador reclama la absolución del actual máximo directivo del club catalán, Josep María Bartomeu, contra el que inicialmente se querelló, ya que considera que no formó parte activa de la negociaciones ni acuerdo en torno al traspaso del jugador brasileño.

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De acuerdo con la investigación, el Barcelona pagó a DIS el 40% de los 17 millones de euros que supuestamente había pagado al Santos por los derechos federativos del jugador.

Sin embargo, el club catalán en realidad pagó 25.171.000 euros por ese concepto, con lo que al fondo brasileño debería ser indemnizado con más de 3 millones euros. De acuerdo con la investigación, el FC Barcelona simuló contratos para pagar menos a DIS que fueron firmados por Neymar.

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El Barcelona anunció que Neymar le había costado 57.100.000 euros, pero la Fiscalía cifró la transacción en 83.371.000 euros, a los que hay que sumar 13 millones que no se pagaron en impuestos a raíz de la estructura fraudulenta creada para contratarlo. Rosell y Bartolomeu están procesados por este fraude fiscal, un escándalo que obligó al primero a dejar su cargo en favor del segundo.