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El juez le concedió la eximición de prisión a Hebe de Bonafini

Política

El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi levantó la orden de captura contra Hebe de Bonafini tras acceder al pedido de eximición de prisión solicitado hoy por un abogado en la causa en la que la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo está citada a indagatoria. Lo hizo bajo caucion juratoria.

El juez le concedió la eximición de prisión a Hebe de Bonafini
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi levantó este viernes la orden de captura contra Hebe de Bonafini tras acceder al pedido de eximición de prisión solicitado por un abogado en la causa en la que la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo está citada a indagatoria. El beneficio fue otorgado bajo caución juratoria, es decir bajo palabra.

El magistrado debe definir ahora la fecha de la indagatoria y si accede a tomarle la declaración en la Fundación, tal como lo solicitó su defensa. Por lo pronto, el juez dispuso la revisión médica de Hebe de Bonafini para determinar su estado de salud.

La autorizó además a viajar a Mar del Plata y debe fijar un domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires del cual no podrá ausentarse sin autorización por más de 24 horas. Sigue vigente la prohibición de la salida del país. Se pidió además a los abogados que amplien los fundamentos por los que sostienen que la indagatoria debe ser en la Fundación.

La decisión del juez destrabó la situación inédita que se había planteado tras la negativa de Hebe a concurrir a tribunales y la posterior captura dictada por el juez.

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La acusación concreta contra Bonafini es por la firma de dos convenios con el Ministerio de Trabajo, en 2008 y 2010. El acuerdo era para que trabajadores de la Fundación recibieran fondos del Estado nacional y según la imputación, hubo irregularidades en el manejo de ese dinero.

Los convenios fueron firmados el 22 de mayo de 2008 y el 30 de diciembre de 2010 bajo los números MTEySS 41 y 142. "En virtud de tales convenios y conforme a la prueba recabada en el marco de estas actuaciones, el ministerio de trabajo desembolso entre 2008 y 2011 la suma de 58.834.800", según dice la imputación en la que se resaltan irregularidades en el manejo de ese dinero.


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