Esto se suma a un bono de fin de año para estatales y jubilados que cobran la mínima. Con este panorama, se busca sentar a la CGT con los empresarios de cara a las paritarias del año que viene.

La situación fiscal obliga al Gobierno a poner límites en la negociación con los gremios. Según publicó Ámbito Financiero, la exención del Impuesto a las Ganancias sobre el pago del medio aguinaldo tendrá un tope salarial que, según fuentes oficiales, oscilará alrededor de los $45.000. Esto significa que los haberes por arriba de ese monto seguirán siendo alcanzados por ese tributo. Igualmente, del total de asalariados alcanzados por Ganancias, casi un millón y medio estará exento.

Este capítulo es uno más dentro de las negociaciones con los gremios, en las que hay varios factores en juego. Por ejemplo, con la definición del bono de fin de año para los jubilados beneficiará a quienes cobren la mínima, pero también la restricción fiscal hace que sea necesario un límite. La ley de reparación histórica al menos servirá para compensar a gran parte de los que queden excluidos del pago del bono. Por lo menos ésa es la visión oficial.

Con los estatales, el Gobierno tiene otro factor en danza. Su generosidad puede terminar afectando la situación fiscal de las provincias, que sentirán presiones de sus propios empleados públicos para que gobernadores imiten el beneficio a nivel nacional. En el sector privado, en el pago del bono de fin de año rigen otras reglas de juego. No es lo mismo un gremio que cerró su paritaria a principios de año que otro que lo hizo hace pocas semanas, como los camioneros. Primará allí el caso por caso.

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Para el Gobierno, el lanzamiento de estas medidas, más allá de su indefinición, sirvió para descomprimir el voltaje por el paro nacional. También para la cúpula de la CGT, que necesitaban una salida antes de jugar una baraja tan alta como la del paro nacional. Ni los despidos ni la inflación ni la caída de la actividad tienen la intensidad del primer trimestre. Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña tampoco tienen el mismo rating que Hugo Moyano, Antonio Caló o Luis Barrionuevo.

En dos semanas está previsto que el Gobierno convoque a los empresarios y prima la idea de que sea al tradicional Grupo de los Seis, que aglutina a las cámaras de bancos privados nacionales (ADEBA), la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio y la de la Construcción. Tampoco hay demasiadas alternativas.

La intención es sentarlos con los gremialistas y que surja un esbozo sobre un elemento clave para la inflación de 2017 que son las paritarias. El bono que debe pagar el Gobierno a jubilados y estatales puede ser de $750, monto tan escaso como vacías están las arcas públicas. Ese número debe multiplicarse por 4 millones (los que cobran la jubilación mínima) y 3 millones (los estatales). En esa ronda de negociaciones se incluirá la nueva ley de ART (para frenar la sangría por los juicios por accidentes de trabajo) y la ley de primer empleo, proyecto clave para el Gobierno en la lucha contra la desocupación de los más jóvenes.