Sindicatos de maestros, padres y profesores expresaron su rechazo a la evaluación nacional Aprender 2016 que ordenó el Gobierno nacional, y que se realizará el próximo martes a más de 1,4 millón de alumnos.
Se trata de todos (carácter censal) los estudiantes que cursen 6° grado del nivel primario y 5°/6° año del nivel secundario de todo el sistema educativo nacional y una muestra de estudiantes en 3° grado del nivel primario y en 2°/3° año del nivel secundario.

Las críticas abundan: un examen no refleja los "contextos" de los chicos, se concibe a la evaluación como un "mecanismo punitivo", se organizó de manera "inconsulta", en los establecimientos del interior poseen "poca" información, "reduce" la participación de los docentes a meros "aplicadores", ofrecen $ 1.000 para a cada maestro que "aplique" y se niegan reabrir paritarias, refuerza la "desigualdad" escolar con posibles sistemas de premios y castigos y que impulsa a un modelo educativo cada vez más "privatista".

Según la cartera de Esteban Bullrich, las pruebas se tomarán en más de 30.000 escuelas de todo el país, colaborarán 31.365 directivos como veedores y unos 71.606 docentes "aplicadores". "Hay que personalizar las respuestas. Hay que trabajar en conjunto para entender que hay que llegar a soluciones individuales", resumió el ministro Bullrich. Sin embargo, son los gremios docentes la punta de lanza contra el programa gubernamental.

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El jefe de la UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, insistió que "no tiene en cuenta el contexto ni las condiciones de aprendizaje de los alumnos considerándolos como simples objetos de estudio y no como sujetos de aprendizaje".

"Este tipo de exámenes tienen un carácter meramente censal, que reduce el concepto de calidad educativa sólo a resultados que reflejan una realidad educativa totalmente sesgada", afirmó Romero. Además, la UDA alertó que la iniciativa se resolvió de manera "inconsulta" y que "ni los docentes, ni los sindicatos representativos del sector, participaron de su elaboración".

"La evaluación debe ser comprendida como parte integral del proceso formativo y no como un fin en sí mismo
ni como una simple tabla de medición. Los saberes poseen una validez social que este tipo de sistemas de evaluación no contempla. El proceso educativo es algo mucho más complejo que decir que se está mejor o peor en función del dominio de los contenidos que manejen los alumnos", señaló el gremialista cegetista.

Los abogados de UDA presentaron la semana pasada "recursos administrativos" en las carteras educativas de cada distrito para intentar impugnar la convocatoria por "falta de motivación" para concretarla.

Suteba organizó debates territoriales abiertos a la comunidad para enfrentar el problema. El sindicato que lidera Roberto Baradel impulsa el hashtag "#NoAlAprender2016", con la firme convicción de que "las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje nunca evalúan todo lo que se aprende, porque siempre se realiza un recorte intencionado del currículo".

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