La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara que ordenó reiniciar la investigación, al revocar la decisión del juez federal Sebastián Casanello de archivar la denuncia contra Gils Carbó.
De esta forma, la Cámara hizo lugar a la apelación del fiscal Guillermo Marijuán, que se opuso al cierre de la misma y consideró que por lo menos habría que abrir la investigación por supuestos nombramientos de fiscales "ad hoc" y de fiscalías especiales en forma irregular.
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El juez Casanello había considerado que no hubo delito en las designaciones de la procuradora, en un fallo en el que sostuvo que estaba amparada por normas constitucionales y legales que la facultaban a "sustituir magistrados", y que ésta era una práctica arraigada desde los tiempos del ex procurador Esteban Righi. Además había dicho que los tribunales se habían pronunciado ya "pacíficamente" por su validez.
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Pero a juicio del fiscal, hubo una "clara e inobjetable inobservancia de la ley" por parte de Gils Carbó, que "optó por un sistema de designación directa recurriendo a la figura del «fiscal subrogante» o de la inexistente figura del «fiscal ad hoc»".
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Esto incluyó designaciones en la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), unidad que quedó en el foco de las críticas por su tarea en el caso Lázaro Báez por las supuestas maniobras de lavado de dinero.
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