Investigarán a Casanello y Gils Carbó por presunto "encubrimiento"

Política

Lo dispuso el fiscal federal Gerardo Di Massi. La causa también incluye al titular de la Procuraduría de antilavado, Carlos Gonella y a Omar Orsi.

El fiscal federal Gerardo Di Massi dictaminó a favor de impulsar una denuncia por supuesto encubrimiento en la causa en la que se investiga al empresario Lázaro Baez y pidió medidas de prueba al imputar a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, al juez Sebastián Casanello y a otros dos fiscales que intervinieron en el caso.

Di Massi impulsó de esta forma la presentación de la diputada Elisa Carrió que denunció días atrás al juez federal Sebastián Casanello por supuesto "encubrimiento agravado" a favor de Báez, en la causa en la que lo investiga por presunto lavado de dinero, confirmaron fuentes judiciales.

Carrió denunció a Gils Carbó y a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procuraduría antilavado, acusándolos de participar del mismo encubrimiento.

Ahora el fiscal pidió una serie de medidas en la causa pos supuesto encubrimiento que quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi. Aludió en su dictamen a posibles delitos como "encubrimiento" e "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Una de las medidas que solicitó es el pedido de la totalidad del expediente de la causa Baez a Casanello para analizar como se fueron dando los hechos denunciados, como por ejemplo las supuestas demoras en ordenar allanamientos o a impulsar medidas que había pedido el fiscal del caso, Guillermo Marijuán.

La denuncia fue presentada por Carrió al argumentar que los fiscales en un principio no imputaron a Baez en el caso y que Casanello se declaró incompetente para investigar el supuesto desmantelamiento de una bóveda en la casa del empresario en Río Gallegos y tampoco allanó una baulera de Tigre donde  habrían llevado documentos pertenecientes a la financiera SGI allanada en Puerto Madero.

Carrió ejemplificó que Casanello se declaró incompetente "de manera sorprendente, arbitraria y manifiestamente ilegal" en la causa por la presunta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos y que dispuso que los testigos de ese hecho ingresen al programa de protección "sin ocuparse en más de la situación" cuando habían sido amenazados.

También refirió que los primeros allanamientos a la consultora SGI, sospechada de realizar las maniobras de lavado, "demoraron demasiado", y que no dispuso las medidas pedidas por Marijuán para allanar el guardamuebles en Tigre donde se habría escondido documentación.

Para Carrió todo es un "evidente intento del Juez Casanello, en connivencia con el poder político nacional, de encubrir a las personas imputadas en autos y a las que pudiese llegar a individualizarse de avanzar la investigación".

Sobre Gonella y Orsi, la legisladora sostuvo que cuando se inició la causa por lavado no imputaron a Báez y vinculó a Gils Carbó con esa decisión.

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