Los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi quedaron detenidos en Rusia
La justicia eslava determinó que los activistas de Greenpeace deberán permanecer presos durante 60 días mientras se los sigue investigando por participar de una protesta en un barco en el Ártico.
"No hay una imputación concreta de que haya realizado un delito. Quedan detenidos porque tienen miedo de que se fuguen o que destruyan pruebas", explicó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, en diálogo con C5N.
"Es contradictorio que a 24 horas de la declaración pública del presidente Vladimir Putin que afirmó que no existió delito de piratería, una corte rusa los comience a investigar por ello. Resulta evidente que se trata de un intento de silenciar la protesta no violenta e intimidarnos. Toda la organización continuará firme exigiendo su liberación y la protección del Ártico", afirmó Prieto.
La Justicia rusa comenzó este jueves a dictar órdenes de prisión preventiva contra los treinta activistas de Greenpeace que protestaron con un rompehielos contra la extracción petrolífera en el Ártico y que podrían afrontar cargos de piratería.
"Tengo en mis manos los documentos que confirman que ya son diez los condenados a dos meses de prisión preventiva. Son ciudadanos de Rusia, Francia, Turquía, Polonia, Suecia, Canadá y Nueva Zelanda", dijo Antón Beneslavski, coordinador de programas de la organización ecologista en Moscú.
Según otras fuentes, también ha sido prolongada por dos meses la detención del capitán del buque "Arctic Sunrise", de nacionalidad estadounidense.
A otros tres activistas, ciudadanos de Rusia, Ucrania y Holanda, les han prolongado el arresto por otros tres días hasta una nueva audiencia.
En cuanto al resto de los activistas del rompehielos "Arctic Sunrise", trasladados el miércoles a centros de detención preventiva de Múrmansk, siguen pendientes de si quedan en libertad o también ingresan en prisión preventiva.
Todos ellos pueden afrontar cargos de piratería en el marco de la investigación penal abierta por el Comité de Instrucción (CI) ruso tras su acción de protesta en el mar de Pechora el pasado jueves, pese a que el presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció esta semana que, obviamente, los activistas no son piratas.
Tras la protesta junto a una plataforma petrolífera del gigante Gazprom, el rompehielos fue apresado por la guardia de fronteras rusa y sus tripulantes detenidos, tras lo cual, y una vez remolcado el buque hasta el puerto de Múrmansk, fueron trasladados a tierra para comparecer ante la justicia.
"Tenemos suficientes fundamentos jurídicos para recurrir todas las acciones adoptadas por las autoridades rusas en este proceso", señaló Beneslavski en referencia tanto a la detención como a la posterior vista judicial.
El responsable de Greenpeace dijo que las autoridades rusas han trasladado a más magistrados a Múrmansk ante la falta de jueces para atender ese proceso.
"La medida de prisión preventiva es ilegal y la sospecha (de piratería) es absurda", señaló Greenpeace Rusia en un comunicado.
La organización recordó que durante "la acción de protesta pacífica no se usó la violencia, no hubo asalto ni apropiación de bienes ajenos, ni tampoco intento de hacerse con el control sobre un navío", por lo que no tiene sentido la causa penal por piratería abierta por el CI.
Durante la primera vista previa, dos activistas rusos, el fotógrafo Denís Siniakov y Román Dolgov, fueron condenados a prisión preventiva de dos meses a pesar de que aseguraron al tribunal que no habían participado en el intento de asalto a la plataforma "Prirazlómnaya", del gigante energético Gazprom.
Dolgov explicó durante la vista que es experto en contaminación marina y que no participó en la acción de protesta de la ONG, mientras que Siniakov apuntó que se limitó a sacar fotografías de la misma.
Mientras, crecen los llamamientos internacionales para que Rusia ponga en libertad a los activistas, como es el caso del Gobierno holandés, que no descartó hoy recurrir a "otras vías" jurídicas si Moscú no responde con prontitud a la petición.
"El ministro holandés de Exteriores, Frans Timmermans, ha hablado con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y le ha exigido la liberación inmediata de los activistas y que nos entreguen lo antes posible la información solicitada", dijo a EFE el vocero de ese departamento, Friso Wijnen.
Mientras, Gazprom reiteró que aquella acción de la ONG puso en peligro la salud e incluso la vida de los trabajadores de la plataforma petrolífera "Prirazlómnaya".
"En este caso, las comprensibles exigencias de seguridad ecológica fueron expresadas de forma ilegal. Y, más aún, se puso en peligro la vida de las personas que se encontraban en ese momento bajo el agua", dijo el vocero del monopolio Serguéi Kupriánov.
El consorcio energético planea comenzar la producción de petróleo en esa plataforma en el primer trimestre de 2014, lo que, según la ONG, aumenta el riesgo de que se produzca un vertido de petróleo en un área que contiene tres reservas naturales protegidas por la propia legislación rusa.
Según Greenpeace, los activistas detenidos el pasado jueves a bordo del "Arctic Sunrise" proceden de 19 países: Rusia, EEUU, Argentina, Reino Unido, Canadá, Italia, Ucrania, Nueva Zelanda, Holanda, Dinamarca, Australia, Brasil, República Checa, Polonia, Turquía, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Francia.
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