Piden juicio político al juez y al fiscal por espiar a la familia Arruga
La presentación fue hecha por Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano, junto al director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los Arruga señalaron que, al parecer, el adolescente fue perseguido porque se habría negado a robar ante un supuesto pedido de un integrante de la fuerza de seguridad.
Según se explicó, en un legajo reservado se pudo determinar que "durante un período de casi un año y medio (desde abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010) la familia de Luciano fue vigilada a través de escuchas telefónicas que, por su extensión temporal y por el secreto que la rodeó, muestra que, aunque nunca lo haya explicitado, la fiscal Cejas sospechaba que la familia de Luciano estaba involucrada en la desaparición o por lo menos tenía información sobre el paradero del joven".
También se sostuvo que el juez Banco "no sólo no realizó ningún tipo de control sobre estas medidas, sino que las convalidó al autorizar, uno tras otro, quince pedidos de la fiscal para extender la intervención telefónica, incumpliendo así su función principal que consiste en resguardar las garantías constitucionales de las víctimas".
"Este hecho constituye un episodio más (particularmente grave) en la cadena de abusos por parte de la Policía y la Justicia bonaerense que revictimizaron durante cuatro años a la familia Arruga. Además explica, en buena medida, por qué la investigación conducida por Cejas no produjo ningún avance sustantivo en la principal y hoy única hipótesis: la del involucramiento policial en la desaparición de Luciano", se añadió.
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