Piden juicio político al juez y al fiscal por espiar a la familia Arruga

Sociedad

La presentación fue hecha por Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano, junto al director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Organismos de derechos humanos reclamaron el juicio político para el juez y la fiscal que en un primer momento tuvieron en sus manos la causa por la desaparición de Luciano Arruga, un joven que -según las denuncias- habría sido muerto cuando se negó a robar para la policía.

La presentación fue hecha por Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano Arruga, junto a Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-Delegación La Matanza (APDH-Matanza).

En un conferencia de prensa en el CELS, los representantes de las ONG denunciaron que durante casi un año y medio la familia de Luciano fue vigilada a través de escuchas telefónicas.

"Este hecho indica que la fiscal Celia Cejas sospechaba que los familiares estaban involucrados o al menos ocultaban información. Asimismo, el juez Gustavo Banco, que por entonces entendía en la causa, avaló las escuchas y no dispuso control alguno sobre las mismas", se denunció.

Ante estas circunstancias la familia de Luciano, el CELS y la APDH-Matanza promovieron el juicio político para el juez Banco y la fiscal Cejas ante Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

Arruga desapareció el 31 de enero de 2009 tras ser detenido por agentes del Destacamento de Lomas de Zamora, según denunciaron testigos.Su familia, como también la APDH y el CELS, aseguran que el adolescente fue llevado por la policía, golpeado y asesinado, aunque su cuerpo sigue sin ser encontrado.

Los Arruga señalaron que, al parecer, el adolescente fue perseguido porque se habría negado a robar ante un supuesto pedido de un integrante de la fuerza de seguridad.

Según se explicó, en un legajo reservado se pudo determinar que "durante un período de casi un año y medio (desde abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010) la familia de Luciano fue vigilada a través de escuchas telefónicas que, por su extensión temporal y por el secreto que la rodeó, muestra que, aunque nunca lo haya explicitado, la fiscal Cejas sospechaba que la familia de Luciano estaba involucrada en la desaparición o por lo menos tenía información sobre el paradero del joven".

También se sostuvo que el juez Banco "no sólo no realizó ningún tipo de control sobre estas medidas, sino que las convalidó al autorizar, uno tras otro, quince pedidos de la fiscal para extender la intervención telefónica, incumpliendo así su función principal que consiste en resguardar las garantías constitucionales de las víctimas".

"Este hecho constituye un episodio más (particularmente grave) en la cadena de abusos por parte de la Policía y la Justicia bonaerense que revictimizaron durante cuatro años a la familia Arruga. Además explica, en buena medida, por qué la investigación conducida por Cejas no produjo ningún avance sustantivo en la principal y hoy única hipótesis: la del involucramiento policial en la desaparición de Luciano", se añadió.

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