Un año signado por la puja con los fondos buitre

Economía

La larga batalla judicial entre Argentina y los holdouts podría definirse el próximo año en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Qué está en juego.

En este 2013 Argentina enfrentó una dura pelea contra los fondos buitre por la deuda que permanece en default desde el 2001, de unos US$1.300 millones, y que la ubica en los albores del 2014 en la instancia final de la batalla, ante la Corte Suprema de EEUU, bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.

El denominado "juicio del siglo" se encuentra en su fase final, luego de que en 2013 Argentina no lograra el aval de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la presentación que realizó contra el fallo del juez Thomas Griesa, que había condenado al país a pagar US$1.300 millones a los holdouts, al considerar que violó el "tratamiento igualitario a los acreedores".

Una audiencia larga y ardua para la Argentina se celebró en Nueva York en febrero último, de la que participó el vicepresidente Amado Boudou, y el exministro de Economía Hernán Lorenzino.

Allí, la defensa del país expuso que no podría cumplir con la sentencia de Griesa, debido a que significaría pagarle injustificadamente más a los fondos buitre que al resto de los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

En esa audiencia histórica participaron el abogado que elevó a George Bush a la presidencia en su contienda contra el demócrata Al Gore, Ted Olson, en representación del fondo buitre Elliott (del magnate Paul Singer), y, por el otro lado, estuvo David Boies -casualmente el defensor de Gore-, en representación de los bonistas del canje.

También se pronunció allí el banco fiduciario Bank of New York, quien indicó que si como entidad financiera era obligado a cumplir con esa sentencia, violaría las leyes de EE.UU. y la esencia misma de su existencia centenaria, ser el "trustee" (confianza, en inglés) de los inversores del canje.

Esa audiencia derivó en semanas de deliberaciones de la Cámara de Apelaciones, que finalmente decidió partir en dos el veredicto, consciente de la presión internacional y del gobierno de EE.UU. en torno a la causa, luego que éste en 2012 participó con documentos como "Amicus Curiae" de la Argentina, argumentando que el criterio de Griesa violaba la ley de inmunidad soberana y afectaba las relaciones internacionales del país del norte.

El derrotero judicial

Finalmente, la primera parte del fallo se conoció en abril, y ya fue apelada por la Argentina ante la Corte Suprema. Este pedido le fue denegado sin más al país, y los ojos están ahora puestos en la resolución del segundo fallo, aún pendiente.

El mismo aborda el método de pago que obliga a la Argentina a abonar el importe total a los demandantes, más los intereses acumulados impagos, de manera prioritaria ante terceros actores, nombre con el que la justicia estadounidense denomina a los bonistas que ingresaron a los canjes.

Asimismo, la Argentina mantuvo su posición de no pagarle más a los fondos buitre que al resto de los bonistas que ya entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, lo que derivó en una propuesta insólita de parte de los privados, que comenzó a cobrar forma hacia fin de año, debido a que los mismos pasaron del algún modo a sentirse "rehenes" de la disputa.

Los sucesos llevaron a estos últimos a agruparse en lo que se denomina "Comité Ad Hoc de bonistas de la Argentina", un movimiento que lidera el fondo Gramercy, y en el que participa otro peso pesado  de las finanzas, el fondo Fintech, del multimillonario mexicano David Martinez.

Su estrategia apunta a comprarle la deuda a los fondos buitre y a los tenedores de 6.000 millones de deuda en default, a un precio mayor al ofrece la Argentina, aunque menor al 100% del valor nominal que piden los litigantes ante la justicia neoyorkina.

Esta aparente "pérdida" de los bonistas en la operación que se encuentran pergeñando, sería luego más que compensada, debido a la especulación de un repunte posterior en el precio de los bonos si la Argentina sale del default de manera definitiva.

Pero los fondos buitre sostuvieron públicamente que no quieren negociar con ellos, y sólo lo harían con la Argentina.

Por lo pronto, estos comentarios dan la pauta de que Paul Singer se bajó de su pretensión de cobrar el 100%, pese a que lleva la delantera en el juicio contra la Argentina ante la Corte Suprema.

Singer teme que, aún saliendo victorioso en el juicio, no logre sacarle ni un dólar a la Argentina, que ya dijo que está dispuesta a cambiar la ruta de pago, para garantizarle el pago a los bonistas que sí ingresaron al canje.

Esta situación catalogada en el mercado como "default técnico", sería el peor escenario para Singer, ya que Argentina podría caer en un default involuntario, que pondría a todos los acreedores, de nuevo, en igualdad de condiciones, y Singer perdería el status de "fondo buitre".

Juego de intereses

A esta situación se sumó la presión internacional del FMI y de gobiernos como Francia, como representante del Club de París, quienes apoyaron públicamente la posición argentina, y advirtieron del peligro de que prospere la sentencia de Griesa, y solicitaron cambiar las cláusulas de los contratos de los bonos para evitar abusos de parte de estos fondos.

De esta manera, el FMI se unió a las voces del premio Nobel Joseph Stiglitz, el economista Nouriel Roubini y la exnúmero dos del FMI, Anne Krueger, que piden un sistema de quiebras para países con crisis de deuda, hoy inexistente.

En este contexto, el próximo paso de las Argentina será apelar ante la Corte Suprema el fallo pendiente, lo que sería en febrero próximo, con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos adopte una actitud más activa en la etapa final del juicio, tras conocerse el arreglo de las cinco empresas que ganaron laudos al país ante el CIADI, un tema de especial interés para la potencia del Norte.

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