Nadie que quiera ser presidente puede desconocer la Constitución
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación se mete de lleno en el debate en torno a la reforma del Código Penal y su rechazo por parte del Frente Renovador.
Constituir una comisión integrada con una representación política plural y nutrida de especialistas cuyo nivel técnico resulta incuestionable.
Otorgarle a esa comisión un plazo para que elabore un anteproyecto de ley como paso previo a su remisión al Congreso de la Nación.
Los institutos como la prisión perpetua, la peligrosidad y la reincidencia deben ser evaluados a la luz de los principios constitucionales y los compromisos internacionales suscriptos por nuestro país en materia de derechos humanos.
Las inconsistencias de que en estas materias adolece nuestra ley penal han llevado a que el país resulte demandado ante los organismos competentes que velan por la vigencia de los derechos humanos a nivel continental.
El fin último del derecho represivo es posibilitar la reducción de los niveles de violencia y favorecer la solución pacífica de los conflictos. En este sentido, los institutos de penas alternativas a la prisión y la modificación del régimen de las acciones públicas por privadas son la estrategia que han seguido los países más desarrollados para lograr tales objetivos.
De tal manera se realiza una revalorización de la víctima que ha sido históricamente la parte olvidada por las leyes vigentes y cuya modificación parece generar tanta preocupación a quienes, paradójicamente, se alinean en posturas conocidas como de "mano dura".
Ante el cuadro de situación descripta, y en particular frente a los atrasos y graves deficiencias que contiene la ley vigente, la única forma de superarla resulta ser un proyecto integral de reforma del Código Penal, que una vez dentro del Congreso habrá de funcionar como un índice temático para la discusión de cada una de las cuestiones que deben mejorarse. Bloquear una iniciativa que todavía no se conoce significa entorpecer el proceso de consolidación de las instituciones democráticas, en particular del funcionamiento de la Justicia penal que reclama desde hace años esta reforma y priva a los ciudadanos comunes, y en particular a las víctimas de delitos, de contar con un instrumento normativo que garantice sus derechos y la seguridad jurídica. Y es aún más grave involucrar a la sociedad para ese bloqueo con una consulta que contradice nuestra Carta Magna. Nadie que pretenda ser presidente puede desconocer la Constitución nacional.
(*) Julián Domínguez es presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
Fuente: www.juliandominguez.com.ar
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