El banco JP Morgan pide a Griesa poder pagarle a los bonistas de Japón que aceptaron los canjes

Economía

La entidad bancaria le pidió al juez poder abonarle a los tenedores de títulos extranjeros que accedieron a los canjes 2005 y 2010 que no pudieron hacerlo pese al pago efectuado por la Argentina, en medio de la pelea con los "buitres".  

El Banco JP Morgan, quien debe distribuir a los bonistas japoneses de la Argentina el cobro de sus títulos en yenes, envió una carta al juez Thomas Griesa solicitando "una clarificación" para poder enviar los fondos a sus clientes.

De esta forma, al igual que otros bancos intermediarios de las operaciones de canje de bonos del 2005 y 2010, el JP Morgan solicitó precisiones por escrito al magistrado neoyorquino, tras el fallo "insólito", que está dejando a los bonistas extranjeros sin poder cobrar el pago efectuado por la Argentina.

Griesa, que se encontraba de vacaciones en su rancho de Montana, recibió en estos días un cúmulo de cartas similares de Euroclear y Clearstern, las cajas de valores de Bélgica y Luxemburgo, respectivamente, del Agente de pago de la Argentina, Bank of New York y de acreedores europeos y de fondos como Fintech, del Mexicano David Martínez, luego del caos legal que generó el fallo, debido a que las entidades temen sanciones judiciales de parte de los bonistas.

JP Morgan, en base a un documento al que tuvo acceso Télam, reveló que el pasado 24 de junio recibió una carta de los fondos buitre, entre ellos Aurelius, quienes le recordaron que mantenga los fondos inmovilizados para "no violar la orden", bajo el fallo de febrero de 2012 con su interpretación del `pari passu` (tratamiento igualitario a los acreedores), y de la enmienda de noviembre de ese año, que indicó que los fondos buitre tenían derecho de cobro del 100% con prioridad sobre los fondos del canje.

El JP Morgan de Tokio recibió fondos del gobierno argentino a través de la ruta del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS, por su siglas en inglés), en una cuenta que tiene en el Banco de Japón.

El Banco Central de la República Argentina fue quien transfirió parte de los vencimientos en yenes al BIS, por un total de 212,7 millones de yenes (equivalente a alrededor de 2 millones de dólares), pagaderos a través de la cuenta que la Caja de Valores tiene en el JP Morgan Tokio.

El pasado 3 de julio, el JP Morgan Tokio recibió una nota de la Caja de Valores, que los anotició de que "no había restricciones legales para realizar dichos pagos".     Luego, el 4 de julio JP Morgan Tokio recibió la orden de la Caja de Valores de transferirle los montos ingresados en su cuenta nipona al Citibank, el encargado de distribuir los fondos a los bonistas.

Pero el JP Morgan no realizó movimiento alguno, debido a que entiende que "podría ser objeto de las órdenes" del juez Griesa, por lo que pidió, al igual que el resto, una clarificación de la norma y una "guía" para proceder con los pagos.

En tanto, la Caja de Valores de Bélgica, Euroclear, envió un segundo pedido de clarificación por escrito al juez estadounidense Thomas Griesa, en el que apoya una moción presentada por bonistas europeos en el que exigen cobrar el pago de bonos en euros, bajo ley inglesa, concretado por Argentina antes del 30 de junio pasado.

Además, en un texto adjunto que lleva la firma del director gerente de Euroclear, sostiene que la firma "está protegida por la ley de Bélgica".

De esta forma, Euroclear envió hasta el momento en total dos pedidos por separado al juez Griesa, uno que tiene que ver con los pagos a bonistas europeos que tienen títulos bajo ley argentina, y otro por los pagos a acreedores con bonos bajo ley de Inglaterra, en relación a los pasos próximos que debería dar la entidad para pagar, sin violar la orden del magistrado neoyorquino.

El texto sostiene que Euroclear "se une a la presentación realizada por las partes no involucradas en el juicio interesadas, los Eurobondholders, en su pedido de una moción de emergencia de clarificación" de la orden emitida por el juez Griesa, que congeló la transferencia de los pagos realizados por la Argentina a los bonistas.

La entidad entiende que si el Citibank logró en forma verbal el visto bueno para transferir bonos a bonistas europeos bajo ley argentina, en la audencia que convocó Griesa el pasado 27 de junio, lo mismo debería suceder para tenedores europeos que tienen títulos bajo ley inglesa.

Tanto en el primer caso como en el segundo caso, piden una clarificación por escrito, en una carta que está firmada por el abogado de Euroclear, Paul Shoemaker, del estudio Greenfield Stein, y que es acompañada por una presentación adjunta del director gerente de la firma, Fabien Debarre.

El texto de Debarre explica que Eurcolear está "expresamente" mencionado en el fallo de Griesa, de febrero de 2012, y además, "procede a explicarle" al juez la "ley de Belgica, que protege el sistema de Euroclear".

Entre otros tramos de la normativa, cita puntualmente el artículo 9 de la ley belga de Abril de 1999 que sostiene: "cualquier pago en efectivo en la cuenta que mantiene el operador en el sistema o con un agente de pagos, así como cualquier transferencia, a través de una institución belga o de una institución extranjera de crédito, que sea acreditada en dichas cuentas de pago, no pueden ser embargados, ni puestas bajo secuestro u otro bloqueo de cualquier tipo por ningún participante (que no sea el operador o el agente de pago), o de ningúna contraparte o de terceros".

Esta "provisión" del artículo 9 "establece una protección al sistema Eurclear", de "embargos" o similares, concluye el texto.     Asimismo, toma en consideración el caso de Nicaragua, cuando en el 2003 habían sido bloqueados pagos por una orden de un juez belga de primera instancia, también por un planteo del pari passu, pero que luego fue revocado por la Cámara de Apelaciones de Bruselas, en marzo de 2004.

Dicha cámara determinó que Eurcolear era un tercero en la disputa entre el soberano y el acreedor (casualmente Paul Singer litiga contra Nicaragua, entre otros), y que bajo esa capacidad Euroclear no debería ser forzado a cumplir con ninguna obligación contractual que amenace la igualdad (de derechos) del deudor.

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